En el marco del anuncio realizado a nivel nacional por el Ministerio de Energía respecto a la postergación del inicio del cobro del alza en las cuentas de la luz —previsto originalmente para abril de 2026—, autoridades regionales informaron que esta medida se aplicará en todo el país, incluyendo la Región de Tarapacá.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas aplazar hasta julio de 2026 el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD), beneficiando a las familias al entregar un mayor plazo antes de la aplicación de estos ajustes.
En este contexto, se realizaron encuentros con la comunidad, particularmente con personas mayores, instancia en la que además se abordaron temáticas relacionadas con el consumo responsable de energía eléctrica y medidas de seguridad ante eventuales cortes de suministro. Asimismo, se planteó la generación de programas de trabajo orientados a fortalecer la organización comunitaria y mejorar las condiciones de los espacios habitacionales.
Desde el Gobierno se destacó que la decisión de postergar el cobro responde a la necesidad de considerar el actual escenario económico, buscando evitar un impacto inmediato en los hogares frente al aumento en los costos de servicios básicos.
Si bien la medida tiene carácter general, se enfatizó la importancia de informar directamente a grupos más sensibles, como las personas mayores, quienes suelen verse más afectados por el alza en el costo de la vida.
En paralelo, se indicó que se está trabajando en una propuesta que permita implementar un mecanismo de pago que no afecte significativamente la economía de las familias, procurando una aplicación gradual y equitativa.
Cabe señalar que las reliquidaciones asociadas al Valor Agregado de Distribución (VAD) corresponden a un proceso regulatorio que considera las diferencias acumuladas entre las tarifas reconocidas y los costos reales del sistema de distribución eléctrica durante el período 2020–2024. Este desfase, estimado a nivel nacional en cerca de 800 millones de dólares, responde a factores como el congelamiento tarifario, la volatilidad de los mercados energéticos internacionales y las condiciones económicas derivadas de la pandemia y otros factores globales.
Finalmente, se indicó que la postergación permitirá avanzar en el diseño de un mecanismo que minimice el impacto en las cuentas de los usuarios, resguardando una implementación socialmente responsable y acorde a la realidad económica de la población.
