El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique absolvió de forma unánime a una ciudadana extranjera que había sido acusada de tráfico ilícito de estupefacientes. La decisión se basó en la ausencia de pruebas que acreditaran su participación en el delito, y en la sólida defensa realizada por la defensora penal pública Bárbara Labraña Muñoz, quien construyó su estrategia con perspectiva de género, considerando el contexto personal, social y económico de la imputada.
El caso se remonta al 7 de abril de 2024, cuando funcionarios de Aduanas detectaron más de 95 kilos de drogas —entre cocaína base y marihuana— ocultos en un furgón fiscalizado en la avanzada del Río Loa. El vehículo era conducido por la pareja de la acusada, quien también viajaba con él. Ambos fueron detenidos y formalizados por tráfico de estupefacientes.
Durante el juicio, la defensora presentó una serie de pruebas clave para acreditar la inocencia de su representada. Entre ellas, un peritaje psicológico forense que concluyó que el testimonio de la mujer era coherente, veraz y sin indicios de distorsión. Se sumaron además declaraciones de testigos y antecedentes personales que respaldaron su desconocimiento sobre el contenido ilícito del vehículo.
La teoría del caso planteada por la defensa sostuvo que la mujer había sido invitada a realizar un viaje con fines turísticos, sin que tuviera conocimiento de la droga escondida. La argumentación destacó su condición de mujer migrante, sin redes de apoyo en el país, y con dependencia económica de su pareja, elementos que fueron determinantes para considerar su situación de vulnerabilidad.
“El fallo reconoce que la mera presencia en el lugar de los hechos no implica culpabilidad. Esta resolución es el resultado de una defensa con enfoque de género, que permitió visibilizar las condiciones reales de nuestra representada y demostrar la ausencia total de participación en el delito”, explicó la defensora Bárbara Labraña.
Tras la sentencia, el tribunal ordenó su inmediata libertad y la devolución de sus pertenencias personales, las cuales habían sido incautadas al momento de su detención. Este caso se convierte en un ejemplo de cómo el trabajo técnico y con enfoque en derechos puede revertir situaciones de injusticia, reafirmando el principio de presunción de inocencia y el acceso a una defensa efectiva.
