En el programa La Voz de Tarapacá en Radio La Mega nos visita en el estudio los concejales Cristian Barra y Martín Lonza, quienes expresaron su agrado por participar en el programa conducido. Durante su intervención, señaló que existen diversos temas importantes por abordar, destacando especialmente el trabajo en conjunto que realiza junto al concejal Martín Lonza, siempre respaldado por pruebas y datos fehacientes.
Uno de los temas centrales de la conversación fue la inédita solicitud de pronunciamiento que realizaron cinco concejales ante la Contraloría: Martín Lonza, Cristian Barra, Carolina Valdés, Gabriel Jofré y Domingo Campodónico. Esta acción, según se explicó, responde a la necesidad de aclarar situaciones que comprometen la transparencia municipal y el interés de la comunidad.
El concejal Lonza recordó que en marzo se evidenció una irregularidad cuando se entregó un listado de vehículos municipales que supuestamente estaban al día. Sin embargo, al revisar más detenidamente, se encontraron vehículos sin documentación vigente, lo que motivó una investigación más profunda. Dicha indagación reveló que incluso algunos automóviles dados de baja hace uno, dos o hasta tres años aparecían aún como activos y presuntamente seguían realizando cargas de combustible.
A través de un trabajo en terreno, los concejales visitaron el recinto conocido como «la Ballenera», donde se almacenan vehículos municipales fuera de servicio. Allí constataron la presencia de varios automóviles dados de baja, los mismos que luego aparecieron en informes oficiales como si estuvieran operativos.
Posteriormente, se solicitó un informe detallado sobre las cargas de combustible. Al analizar dicha información, surgieron indicios de que algunos vehículos inactivos estaban siendo considerados en estas cargas, lo que generó serias dudas sobre la veracidad de los datos proporcionados.
El concejal Barra aclaró que el requerimiento formal de información se hizo el 20 de marzo, pese a que en algunos medios se manejaron otras fechas incorrectas. A partir de ese momento, el objetivo de los concejales fue verificar el gasto de combustible estimado en unos 600.000 litros en relación con la flota activa de vehículos municipales y el contrato de suministro vigente, el cual reflejaba un aumento del 22% respecto al periodo anterior.
Sin embargo, el primer informe recibido presentaba inconsistencias. Desde el municipio se les indicó que el documento estaba desactualizado, lo que fue considerado un error grave, dado que los concejales tienen derecho a recibir información precisa. Luego, se entregó un segundo listado, supuestamente actualizado, que mostraba una cantidad menor de vehículos y un consumo distinto de combustible. Pese a esto, los antecedentes seguían siendo insuficientes, lo que llevó a los concejales a no aprobar el concurso de suministro por falta de claridad.
Finalmente, se estimó que la diferencia entre ambos informes asciende a cerca de 200 millones de pesos, cifra significativa que, según indicaron, debe ser esclarecida para asegurar la correcta administración de los recursos municipales.
