Los afectados aseguran que la administración les informó, tras el fallecimiento de una de sus integrantes, que el terreno contratado no estaba disponible debido a una presunta sobreventa.
Una familia de Iquique denunció que la administración del cementerio Parque del Sendero no respetó la sepultura que había adquirido hace 35 años en el sector B, correspondiente al terreno B-1089, ubicado en la denominada “Primera Línea” del recinto.
De acuerdo con el relato de los afectados, el espacio fue elegido por un matrimonio para facilitar las visitas del cónyuge sobreviviente. Durante ese período, la familia habría mantenido al día el pago anual de mantención, cuyo último monto señalado corresponde a 120 mil pesos.
La situación se produjo tras el fallecimiento de Julia Ceballos, quien padecía una enfermedad renal y había recibido tratamientos y diálisis en Santiago. Antes de su muerte, su esposo, Manuel Rojas, habría realizado las gestiones correspondientes en el cementerio, donde —según la familia— le confirmaron que el terreno estaba disponible y que la documentación se encontraba regularizada.
Sin embargo, al día siguiente del deceso, una funcionaria se comunicó con una de las nietas para informar que el terreno B-1089 no podía ser utilizado debido a una presunta sobreventa. Como alternativa, se les habría ofrecido trasladar la sepultura a los sectores M-K-L, ubicados en la parte alta del recinto.
Los familiares cuestionaron la propuesta debido a la pendiente del cementerio y a las dificultades que, a su juicio, implicaría para adultos mayores asistir al lugar. También señalaron que acudieron durante la mañana a las oficinas del camposanto para solicitar explicaciones, pero que no encontraron a un administrador con capacidad para resolver el caso.
Finalmente, un familiar habría facilitado de manera transitoria una sepultura en la Primera Línea, junto a otro integrante de la familia, lo que permitió realizar la ceremonia. Los afectados indicaron que evalúan acciones legales por un eventual incumplimiento de contrato y daño moral, además de analizar una posible demanda colectiva junto a otras familias que hayan vivido situaciones similares.
