El vocero Gonzalo Arenas afirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, trabaja en una fórmula para dejar sin efecto los decretos y reconoció falencias en el procedimiento y la comunicación con las víctimas.
El Gobierno busca suspender los decretos que concedieron rebajas de pena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y a otras dos por crímenes cometidos durante la dictadura. La medida fue firmada por el Ministerio de Justicia y ha generado críticas desde distintos sectores políticos.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que la tramitación cumplió con los aspectos constitucionales, legales y reglamentarios, aunque reconoció que existieron problemas en la dimensión humana del proceso, especialmente por la falta de comunicación y participación de las víctimas.
Arenas señaló que el ministro Fernando Rabat está buscando una fórmula para suspender los decretos. Según explicó, el secretario de Estado cuenta con un equipo asesor y anunciará la alternativa una vez que sea definida.
El vocero agregó que durante esta jornada se realizaría una reunión con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, las comisiones respectivas y los representantes de los partidos políticos, con el objetivo de abordar una salida definitiva a la controversia.
Además, adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que considere la participación y acompañamiento de las víctimas, que establezca con claridad la eventual aplicación retroactiva de la normativa y que cree tribunales ejecutores de pena. Estos órganos asumirían decisiones que actualmente pasan por un comité de rebaja de penas o por la visación del Ministerio de Justicia.
Consultado sobre si la situación constituía un error, Arenas afirmó que se trataba de un procedimiento mal hecho y que debía ser corregido de manera definitiva. También indicó que Rabat ha reconocido que, desde el punto de vista político, la gestión pudo realizarse de mejor forma.
