El debate sobre el salario mínimo siempre genera legítimas expectativas entre las y los trabajadores del país. Detrás de cada discusión sobre remuneraciones existen familias que buscan enfrentar con mayor tranquilidad el costo de la vida y llegar a fin de mes con mayor estabilidad.
Como Gobierno, hemos impulsado un reajuste responsable del salario mínimo, incorporando incluso la variación del último IPC informado, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de las personas y responder a la realidad económica que viven miles de hogares chilenos.
Sin embargo, esta discusión también debe abordarse con responsabilidad y sentido de realidad. Mejorar los salarios es fundamental, pero no podemos desconocer el complejo escenario laboral que enfrenta actualmente el país.
Chile acumula 39 meses con una tasa de desempleo superior al 8%. A ello se suma una desocupación femenina cercana al 10% y más de 925 mil personas que hoy buscan empleo sin lograr insertarse en el mercado laboral. En regiones como Tarapacá, además, persiste una alta informalidad laboral femenina, que alcanza un 35,4%.
En este contexto, diversas instituciones han advertido sobre los efectos que pueden generar aumentos salariales que no estén alineados con la productividad y la capacidad de contratación de las empresas. Estudios ampliamente difundidos del Banco Central han señalado que alzas significativas del salario mínimo en años anteriores impactaron negativamente el empleo, especialmente en sectores con mayores dificultades de inserción laboral.
Ignorar esos antecedentes sería actuar con irresponsabilidad.
El desafío es avanzar hacia mejores remuneraciones, pero cuidando al mismo tiempo la generación de empleo formal y estable. Porque de poco sirve promover aumentos salariales si eso termina dificultando nuevas contrataciones o afectando la continuidad laboral de miles de trabajadores.
Por ello, creemos firmemente que aumentar salarios y generar empleo no son objetivos opuestos. Ambos pueden avanzar de manera conjunta cuando existen responsabilidad fiscal, diálogo social y políticas públicas orientadas a incentivar el crecimiento económico, la inversión y la formalización laboral.
Chile necesita más empresas creciendo, más inversión, más oportunidades para mujeres y jóvenes, y más empleos formales con seguridad social y estabilidad.
El verdadero desafío no es solamente cuánto aumenta el salario mínimo, sino cómo construimos una economía capaz de generar más y mejores oportunidades laborales para las familias chilenas.
Ese es el camino que debemos seguir impulsando: con equilibrio, responsabilidad y sentido de urgencia social.



