La iniciativa continuará en la Comisión de Constitución con un plazo de 30 días, decisión que fue valorada por sectores de oposición y oficialismo, aunque también recibió críticas por no modificar el contenido del proyecto.
El Gobierno decidió bajar de suma urgencia a urgencia simple la reforma constitucional de seguridad que se tramita en el Senado. Según informó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la iniciativa continuará su discusión en la Comisión de Constitución y contará con un plazo de 30 días.
La medida se conoce en medio de las diferencias que ha generado el proyecto, especialmente por la propuesta de crear un nuevo estado de excepción, incorporar el concepto de seguridad pública en la Constitución y establecer listados de organizaciones criminales y terroristas.
Desde la UDI, el diputado Eduardo Cretton valoró la decisión y sostuvo que se requiere mayor diálogo para alcanzar el quórum de cuatro séptimos, equivalente a 29 votos. A su juicio, el estado de excepción, la incorporación de la seguridad pública en la Carta Fundamental y los listados de organizaciones criminales y terroristas constituyen el “corazón” de la reforma.
El diputado Mauro González, de Renovación Nacional, también respaldó la medida y afirmó que permitirá continuar las conversaciones en el Senado. Planteó que las materias controversiales deben resolverse con rapidez y que el Gobierno debe estar disponible para realizar los cambios necesarios.
En tanto, la diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, defendió la prioridad otorgada por el Ejecutivo a la agenda de seguridad y señaló que se necesitan más herramientas para las policías y para enfrentar al crimen organizado.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla consideró que bajar la urgencia era “lo mínimo” que podía hacer el Gobierno, aunque sostuvo que algunos sectores habían solicitado retirar la propuesta y elaborar un nuevo proyecto. También cuestionó la necesidad de incorporar nuevos conceptos a la Constitución y planteó que podría mejorarse el actual estado de excepción de emergencia sin crear uno nuevo.
El diputado socialista Raúl Leiva fue más crítico y afirmó que reducir la urgencia no resuelve los cuestionamientos de fondo. A su juicio, el Ejecutivo debería retirar la iniciativa, realizar un trabajo prelegislativo y presentar un nuevo proyecto. Advirtió que, si continúa en sus actuales términos, la reforma podría ser rechazada en general y no volver a discutirse durante un año.
