El recinto adquirido durante la pandemia permanece sin uso en una bodega de San Miguel, junto con 565 bienes y equipos médicos destinados a fortalecer la atención pública.
La Contraloría General de la República detectó que el Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau permanece almacenado desde octubre de 2021 en una bodega de la comuna de San Miguel, sin que se hayan definido oportunamente acciones para su uso, reutilización, reasignación o transferencia.
La estructura fue adquirida durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y cuenta con capacidad para atender a 100 pacientes. El recinto incluye 10 albergues de hospitalización, baños y el equipamiento necesario para su operación, entre ellos camillas, catres clínicos e instrumental médico.
De acuerdo con el informe final de la investigación especial N° 212, el hospital modular está compuesto por 565 bienes, los que fueron cedidos al Servicio de Salud Metropolitano Sur por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La inversión inicial alcanzó casi $3 mil millones.
El organismo fiscalizador estableció que la falta de gestiones por parte del servicio provocó que los bienes adquiridos para reforzar la capacidad asistencial del sistema público perdieran valor entre 2022 y 2026. La disminución fue estimada en más de $859 millones, cifra por la que se formulará un reparo al Servicio de Salud Metropolitano Sur.
Además, la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. También detectó debilidades en los mecanismos de control, el registro contable y la trazabilidad patrimonial de los bienes transferidos.
La inspección constató que la bodega presenta deficiencias estructurales, entre ellas un socavón en el pavimento ubicado en el sector donde se encuentran los bienes. Esta situación afecta su conservación y limita la circulación y el acceso seguro a las áreas de almacenamiento.
El Servicio de Salud Metropolitano Sur informó que diseñará y ejecutará un plan de obras para reparar el recinto. La entidad tendrá un plazo de 60 días hábiles para reportar los avances de las medidas adoptadas y abordar las observaciones formuladas por el organismo contralor.
