• Nueva normativa establece que funerales considerados de alto riesgo deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas, previa notificación de la Delegación Presidencial.
La Seremi de Seguridad Pública de Tarapacá presentó los lineamientos y alcances de la Ley N° 21.717, que regula los funerales calificados como de alto riesgo, en una jornada informativa desarrollada este miércoles con la participación de diversas instituciones regionales.
El encuentro fue encabezado por la seremi Ana María Peralta Cáceres y contó con la presencia de representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Delegación Presidencial Regional, Ministerio Público, Registro Civil, Gendarmería, Seremi de Salud, Servicio Médico Legal, representantes de cementerios y otros servicios públicos.
Esta actividad marca el inicio de la conformación de una mesa interinstitucional, que tendrá como misión coordinar la implementación efectiva de la normativa en la región, así como hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de cada organismo involucrado. Esta instancia será liderada por la Delegación Presidencial Regional, con el apoyo técnico y logístico de la Seremi de Seguridad Pública.
La Ley N° 21.717 —cuya implementación comenzó tras la publicación de su reglamento en el Diario Oficial— establece que los funerales calificados como de alto riesgo deben efectuarse en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación oficial. Esta calificación será realizada por la Delegación Presidencial, en base a un informe técnico de Carabineros, que podrá incorporar antecedentes proporcionados por la PDI o Gendarmería. Entre los factores considerados estarán los antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias de su muerte y otros elementos que representen un riesgo para la seguridad pública.
La seremi Ana María Peralta destacó que “esta ley responde al compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades. Desde su aprobación en noviembre de 2023 y entrada en vigencia el 28 de mayo, su implementación busca prevenir hechos delictuales asociados a funerales de alta convocatoria y riesgo”.
Asimismo, explicó que todo el proceso funerario —desde la inscripción de la defunción hasta la sepultación o cremación— deberá realizarse en recintos autorizados y dentro del plazo estipulado por la ley, conforme a lo establecido en el Código Sanitario.
La normativa contempla penas de 541 días a 3 años y 1 día, además de multas que van entre 10 y 20 UTM, para quienes infrinjan las disposiciones, especialmente si durante el funeral o en su entorno se cometen actos delictivos o contravenciones al orden público.
