Gracias al trabajo de la defensora pública Gabriela Hidalgo, la Corte Suprema anuló una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral de Iquique, al acoger el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública. El fallo reconoce la violación de las garantías fundamentales del acusado durante su detención, subrayando la importancia del respeto al debido proceso.
La Corte determinó que la detención se realizó sin un indicio válido que justificara la intervención policial. Según el fallo, el control de identidad fue arbitrario y no cumplió con los requisitos legales, vulnerando el derecho a la libertad personal del imputado. La defensora Gabriela Hidalgo argumentó que dicho procedimiento fue ilegal, ya que se basó en apreciaciones subjetivas de los funcionarios policiales, sin elementos objetivos que vincularan al acusado con un delito.
La Corte Suprema acogió esta tesis y ordenó la repetición del juicio, excluyendo las pruebas obtenidas de forma irregular por el Ministerio Público. Al respecto, la abogada Hidalgo expresó: “La Corte Suprema ha sido clara: no se puede validar una detención sin fundamentos objetivos. Este fallo corrige una vulneración de derechos y refuerza la importancia de realizar controles de identidad dentro del marco legal”.
En el próximo juicio, las pruebas de cargo presentadas anteriormente no podrán ser admitidas. Esta resolución subraya el rol clave de la Defensoría Penal Pública en la protección de los derechos fundamentales, asegurando un proceso justo e imparcial para todas las personas, sin importar su situación procesal.
La defensora Gabriela Hidalgo destacó el trabajo en equipo junto a la Unidad de Estudios de Tarapacá y la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, liderada por Claudio Fierro.
Con esta resolución, la Defensoría Penal Pública reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de quienes más lo necesitan, garantizando el respeto irrestricto a los derechos fundamentales en cada proceso judicial.
