El 4 de diciembre de 2024, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular las ferias libres en Chile. Este proyecto, que comenzó a ser votado en particular en enero de 2025, fue presentado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, en septiembre del mismo año. Nace del compromiso del presidente Gabriel Boric para fortalecer, reconocer y regular este importante sector, que es clave para la economía local y cultural del país.
Las ferias libres no solo son un pilar esencial en la distribución de alimentos y productos de consumo diario, sino también un motor del comercio regional. Según el Reporte de Ferias Libres de ODEPA 2024, Chile cuenta con 1.287 ferias en 282 comunas, que generan empleo directo a casi 300.000 personas. A pesar de su relevancia, estas actividades económicas carecen de un marco legal integral que las regule adecuadamente, lo que motiva la creación de este proyecto de ley.
El proyecto busca formalizar la actividad de las ferias libres a través de una definición clara y la creación de un Comité de Representación que dé voz a los feriantes. Además, propone establecer una relación formal entre los municipios y las ferias, promoviendo una gestión más eficiente, estableciendo procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias y garantizando la estabilidad laboral para los feriantes.
Otro de los ejes importantes de la iniciativa es reconocer a las ferias libres como una actividad patrimonial y de vinculación familiar, destacando su valor cultural. Se propondrá la creación de un Registro Nacional de Ferias Libres, gestionado por el Ministerio de Economía, con la información proporcionada por los municipios, con el fin de mejorar las políticas públicas en torno a este sector.
La ley permitirá, además, entregar protección laboral y capacidad de negociación a los feriantes, asegurando que cuenten con estabilidad y certeza jurídica. Este avance permitirá que las ferias libres puedan prosperar y consolidarse como una actividad comercial formal, respetada y reconocida en el país, protegiendo tanto a los trabajadores como los intereses de los vecinos y la comunidad en general.