La delegada presidencial regional de Tarapacá, Ivonne Donoso Olivares, calificó la entrada en vigencia del nuevo Protocolo de Expulsiones Administrativas como un esfuerzo clave para fortalecer la seguridad pública y agilizar los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales o policiales.
Este protocolo fue suscrito por el ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Luis Thayer; el director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra; y el prefecto general de la Policía de Investigaciones (PDI), Ricardo Gatica. Su implementación establece una ruta clara y coordinada para llevar a cabo las expulsiones de manera eficaz.
El protocolo responde al notable incremento de los decretos de expulsión administrativa, los cuales en lo que va de este año han alcanzado un récord de 662 casos ejecutados, la cifra más alta de los últimos seis años. Esta situación ha subrayado la necesidad de optimizar los procedimientos y mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas.
Para la delegada presidencial, “la seguridad pública es una prioridad para este Gobierno. Con este protocolo, no solo cumplimos con la normativa vigente, sino que también avanzamos hacia una gestión más eficiente y efectiva en la ejecución de las expulsiones administrativas. Este nuevo marco de acción nos permite seguir avanzando hacia una gestión migratoria responsable y acorde a los desafíos actuales”, afirmó Ivonne Donoso.
ACUERDOS DESTACADOS
Entre los puntos más relevantes del protocolo, se encuentra la estandarización de la información entre la PDI, Gendarmería y SERMIG, lo que elimina duplicidades y garantiza mayor precisión en la toma de decisiones. Además, se fijan plazos específicos para cada fase del proceso, como el informe semanal de Gendarmería sobre extranjeros bajo custodia, y un plazo de tres días para que la PDI notifique al SERMIG sobre las infracciones detectadas.
En concordancia con la Política Nacional contra el Crimen Organizado y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el protocolo establece criterios claros para priorizar las expulsiones que presenten un mayor riesgo para la seguridad pública. Esto permitirá focalizar los recursos del Estado en aquellos casos que representen un peligro significativo para la ciudadanía.
Adicionalmente, se regula la planificación de operativos de búsqueda, asegurando que se lleven a cabo en zonas de alta complejidad, con resultados que serán informados a las autoridades pertinentes. El protocolo también estipula un plazo máximo de 48 horas para la gestión de pasajes por parte de las agencias de viajes, garantizando respuestas oportunas. Una vez ratificada la expulsión por los tribunales, su ejecución deberá realizarse en un plazo de 24 horas.
