A partir del 1 de septiembre, entrará en plena vigencia la nueva legislación que endurece las penas para los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente, conocida como la ley contra delitos de cuello y corbata. Esta ley fue promulgada por el presidente Boric en agosto del año pasado.
La nueva normativa amplía el alcance de los delitos tipificados, incorporando más de 200 tipos de ilícitos y extendiendo la responsabilidad penal a las empresas, además de a gerentes y directores. Esto significa que las empresas podrán enfrentar acciones penales y sanciones que van desde multas significativas hasta la disolución de la entidad.
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es su enfoque en la prevención de delitos económicos. Las empresas deberán cumplir con rigurosos requisitos normativos, incluyendo el establecimiento de sistemas de compliance robustos para detectar y prevenir delitos. Esto requerirá asignar recursos y personal adecuados para estas funciones.
La ley clasifica los delitos en cuatro categorías principales:
- Delitos Económicos Per Se: Incluye la colusión, la entrega de información falsa y la formación de carteles.
- Delitos Internos de Empresa: Comprende delitos como los tributarios, la estafa, la administración desleal y los ataques a la propiedad intelectual cometidos dentro de la empresa.
- Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos: Enfocados en aquellos funcionarios que buscan beneficiar a una empresa mediante cohecho o revelación de secretos.
- Delitos de Lavado de Activos: Incluye el lavado de activos y la receptación derivados de delitos económicos.
Además, se incorporan nuevas figuras legales, como el comiso económico, que permite decomisar todas las ganancias obtenidas de actividades ilícitas. También se establecen sanciones para el falseamiento de la renta, que busca evitar el pago reducido de imposiciones previsionales o la percepción de remuneraciones excesivamente bajas.
La ley también introduce un sistema renovado de penas, incluyendo cumplimiento sustitutivo y restricciones para ocupar cargos públicos o gerenciales. Se eliminan las condenas a clases de ética, que habían generado gran descontento social.
En un momento en que la confianza pública y la credibilidad en las instituciones estatales están en entredicho, la entrada en vigencia de esta ley envía un mensaje claro: en Chile, los delitos de cuello y corbata serán perseguidos con la misma severidad que cualquier otro delito, y quienes los cometan enfrentarán penas proporcionales a la gravedad de sus acciones. Se espera que esta legislación contribuya a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema económico.
