La Asociación Usuarios Zofri sostuvo que las restricciones bancarias están afectando el comercio mayorista y alterando el equilibrio económico del régimen franco en Tarapacá.
La Asociación Usuarios Zofri A.G. (AUZ) acusó una discriminación arbitraria y generalizada hacia el ecosistema de la Zona Franca de Iquique, debido a regulaciones internas de bancos chilenos que, según el gremio, estarían imponiendo nuevas condiciones por sobre la ley y el contrato de concesión.
El gerente de la AUZ, Darío Blanco Leiva, señaló que los bancos tienen autonomía comercial para abrir o cerrar cuentas, pero no pueden, a juicio de la asociación, desmantelar una política de Estado orientada al desarrollo de las regiones extremas mediante zonas francas.
El dirigente afirmó que los cierres de cuentas no han sido explicados y que los criterios aplicados estarían dificultando la venta mayorista y el desarrollo de actividades comerciales lícitas. La asociación también sostuvo que las restricciones afectan especialmente la recepción de pagos en efectivo asociados a transacciones históricas con clientes extranjeros.
Desde la AUZ recordaron que el régimen de la Zona Franca de Iquique, establecido en el D.F.L. N° 341 y la Ley N° 18.846, contempla la inmutabilidad de sus franquicias, exenciones y beneficios durante el período de vigencia de la concesión, que se extiende hasta septiembre de 2030.
Según el gremio, las actuales exigencias de debida diligencia y las restricciones bancarias representan nuevas condiciones para el funcionamiento del sistema franco, consagrado con anterioridad a la normativa de prevención del lavado de activos contenida en la Ley N° 19.913.
Blanco Leiva planteó que las medidas de control deben respetar el principio de proporcionalidad y cuestionó que se bloquee la recepción de flujos comerciales de clientes bolivianos bajo el argumento de prevenir riesgos. A su juicio, esto alteraría indirectamente el equilibrio económico del contrato original de concesión.
La asociación propuso que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) evalúen una norma de excepción territorial para Tarapacá. Esta debería considerar, según la AUZ, que en el comercio mayorista de zona franca la trazabilidad pueda acreditarse mediante el registro aduanero de las mercaderías y el flujo físico de los camiones.
