La revisión estableció que 30 funcionarios permanecían suspendidos por más de tres años durante sumarios administrativos. El organismo asumirá directamente la tramitación de esos procesos.
La Contraloría General de la República detectó que 485 funcionarios de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no incluyó a las municipalidades y estableció que, por regla general, los trabajadores continuaron recibiendo sus remuneraciones durante ese período.
Del total identificado, 30 funcionarios acumulaban más de tres años bajo esta medida. De ellos, 13 superaban los cuatro años de suspensión y otros 17 registraban entre tres y cuatro años. Solo en los diez casos de mayor duración, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones.
El caso más prolongado correspondía a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuya suspensión se extendía por cerca de cuatro años y siete meses. También se identificaron casos en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y en el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
Ante estos antecedentes, la Contraloría dispuso asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años de suspensión. La medida busca avanzar en su resolución y determinar eventuales responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos o no supervisaron oportunamente su avance.
Además, las instituciones que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar, dentro de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o detallar las acciones adoptadas para acelerar su conclusión. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades por las demoras.
La revisión detectó, asimismo, que 22 funcionarios registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos. También se identificó a dos funcionarios suspendidos que estaban en prisión preventiva y a 20 cuyos sumarios seguían a cargo de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios.
