La diputada por Tarapacá, Ximena Naranjo, manifestó su respaldo a la reforma constitucional de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, señalando que el país necesita herramientas más eficaces para enfrentar a organizaciones criminales complejas y transnacionales.
La parlamentaria independiente en cupo UDI sostuvo que la propuesta busca fortalecer el rol del Estado en materia de seguridad pública frente al avance del narcotráfico, las bandas organizadas y otros grupos capaces de ejercer control territorial.
Naranjo señaló que esta realidad tiene especial importancia para Tarapacá, debido a los problemas de seguridad registrados durante los últimos años.
“Los habitantes de Tarapacá conocen de cerca los efectos del crimen organizado: tráfico de drogas, ingreso de bandas transnacionales, violencia armada y temor en los barrios”, afirmó.
Entre las principales medidas de la iniciativa, la diputada destacó la posibilidad de establecer un estado de excepción de seguridad pública limitado en tiempo y territorio para intervenir sectores afectados gravemente por organizaciones criminales.
También se contempla la creación de un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas, además de regímenes penitenciarios especiales para los líderes de estas agrupaciones.
La propuesta considera, asimismo, la pérdida de determinados beneficios estatales para personas condenadas por estos delitos y el fortalecimiento de las facultades destinadas a incautar y liquidar bienes provenientes del crimen organizado.
Naranjo puso especial énfasis en la recuperación de aquellos territorios donde las bandas delictuales puedan ejercer intimidación sobre la población.
“No podemos normalizar que existan barrios donde los vecinos viven bajo la intimidación del narcotráfico o de grupos violentos. Cuando una organización criminal se apodera de un territorio, el Estado tiene la obligación de actuar y recuperar ese espacio para las familias”, señaló.
Respecto del registro de organizaciones criminales, la parlamentaria precisó que este mecanismo no significaría una condena automática, sino que permitiría identificar formalmente estas estructuras mediante procedimientos establecidos y con controles institucionales.
La diputada también respaldó medidas destinadas a impedir que los líderes de organizaciones criminales continúen dirigiendo operaciones desde los recintos penitenciarios, junto con una mayor persecución del patrimonio obtenido mediante actividades ilícitas.
Según Naranjo, para debilitar realmente al crimen organizado es necesario atacar no solamente a sus integrantes, sino también sus redes de financiamiento, comunicaciones y patrimonio.
Finalmente, la legisladora llamó al Congreso a tramitar la reforma con sentido de urgencia, aunque señaló que durante su discusión deberán fortalecerse los resguardos institucionales correspondientes.
“Esta discusión debe estar por encima de las diferencias políticas. Los chilenos quieren vivir tranquilos, especialmente en regiones como Tarapacá, donde la seguridad se ha transformado en una prioridad diaria”, concluyó la diputada Ximena Naranjo.
