Registros de distintas votaciones muestran que parlamentarios de gobierno o integrantes de sus coaliciones han respaldado acusaciones contra autoridades de sus propios sectores.
La afirmación del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, respecto de que “jamás un diputado de gobierno ha dado los votos para una acusación constitucional de su propio gobierno” es contradicha por antecedentes de diversas votaciones parlamentarias.
Los dichos fueron emitidos en el marco del llamado a los parlamentarios oficialistas a no respaldar la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sin embargo, existen registros de legisladores que apoyaron libelos contra autoridades de sus propias coaliciones o administraciones.
Uno de los casos corresponde a la acusación contra la entonces ministra de Educación, presentada por su responsabilidad política en el denominado Caso Subvenciones. En la Cámara se registraron abstenciones y ausencias de parlamentarios opositores, pero también votaron a favor Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Eduardo Díaz y Carlos Olivares, quienes habían renunciado previamente a la Democracia Cristiana. En el Senado, respaldaron la acusación Adolfo Zaldívar, de la DC, y Fernando Flores, exmilitante del PPD y líder de Chile Primero.
Otro antecedente se relaciona con la segunda acusación constitucional contra el expresidente Sebastián Piñera, impulsada tras las revelaciones de los Pandora Papers. En esa votación, el senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, fue el único integrante del oficialismo que se abstuvo.
En 2022, además, exdiputados del Partido de la Gente presentaron una acusación contra el excanciller Andrés Allamand, militante de RN. Entre sus impulsores estuvo Enrique Lee, entonces integrante del comité de Evópoli, quien votó a favor y posteriormente fue expulsado de la bancada.
Finalmente, en la acusación contra el exministro de Energía por los cobros registrados en las cuentas de electricidad, varios diputados oficialistas respaldaron el libelo en la Cámara, aunque este fue rechazado posteriormente por el Senado.
