La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados pidió investigar los antecedentes y advirtió que, de confirmarse, se trataría de una grave vulneración de la función jurisdiccional.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, habría mantenido durante casi dos décadas un vínculo con la abogada Damaris Silva, a quien presuntamente habría encargado la redacción de fallos judiciales a cambio de pagos mensuales.
Según los antecedentes conocidos, durante más de diez años la magistrada habría realizado transferencias por $300 mil mensuales a la profesional. La relación derivó en una demanda laboral presentada en Santiago, proceso que terminó con un acuerdo económico confidencial entre ambas partes.
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, sostuvo que los hechos deben ser investigados mediante un procedimiento que respete el debido proceso, por lo que evitó establecer responsabilidades definitivas antes del esclarecimiento de los antecedentes.
Sin embargo, advirtió que, si se confirma la información, existiría una vulneración grave de la función jurisdiccional, debido a que la elaboración y resolución de las sentencias corresponde exclusivamente a los jueces y no puede ser delegada en personas externas a los tribunales.
El abogado laboral Aldo Fendez señaló que será necesario determinar cómo se desarrolló efectivamente la prestación de servicios, más allá de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes.
Hernández agregó que una situación de estas características podría afectar la confianza ciudadana en la administración de justicia. También planteó que un eventual acuerdo confidencial no elimina el interés público de los hechos y llamó a esclarecerlos a la brevedad.
