El alcalde de Ñuñoa calificó la decisión como una “torpeza inexcusable” y pidió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, asumir la responsabilidad por los decretos.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó duramente al Gobierno por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores. El jefe comunal atribuyó la medida a una interpretación errónea de la normativa y sostuvo que el Ejecutivo pudo haber optado por no conceder estos beneficios.
Sichel calificó lo ocurrido como una “torpeza inexcusable”, aunque descartó que existiera mala fe. A su juicio, la decisión entrega una señal equivocada en un momento en que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
El alcalde también rechazó que se responsabilizara a una abogada joven del Ministerio de Justicia. Planteó que son las autoridades políticas las que deben asumir los errores de la cartera y sostuvo que el ministro del ramo, Fernando Rabat, debe explicar lo ocurrido y ofrecer disculpas si corresponde.
Desde su experiencia como exministro de Desarrollo Social, Sichel afirmó que los decretos se suscriben mediante una facultad delegada y que quienes ejercen esa responsabilidad deben responder por sus decisiones. En ese sentido, consideró que atribuir el problema directamente al Presidente de la República es improcedente y señaló que corresponde al mandatario evaluar la continuidad del ministro.
Las declaraciones se conocen luego de que el Ministerio de Justicia anunciara la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, tras detectar un vacío legal que afectaría a personas condenadas antes de 2022. La cartera también informó el envío de proyectos de ley para restringir estos beneficios, mientras la oposición analiza una eventual acusación constitucional contra Rabat.
