José Antonio Gómez sostuvo que el Ministerio de Justicia debió impugnar ante tribunales las 56 rebajas, incluidas algunas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores.
El exministro de Justicia José Antonio Gómez cuestionó la actuación del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, frente a las 56 rebajas de condena que generaron una controversia en el Gobierno, entre ellas las otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Gómez sostuvo que el ministerio debió impugnar las solicitudes ante los tribunales para discutir la interpretación de la legislación, en lugar de aplicar el criterio establecido en fallos anteriores de la Corte Suprema. A su juicio, esa decisión constituyó un error, aunque reconoció las dificultades políticas que implica resolver este tipo de casos.
La exautoridad recordó que, cuando regresó al Ministerio de Justicia en 2015, rechazó una serie de decretos de rebaja de condena al considerar que no se acreditaban los requisitos legales. Según relató, esa determinación derivó en cerca de 500 recursos de amparo presentados por condenados por delitos graves, entre ellos violaciones y homicidios.
Gómez señaló que aquella estrategia no tuvo resultados favorables en tribunales, pero afirmó que desde entonces habría cambiado la composición de la Corte Suprema y la interpretación respecto de estos beneficios.
Consultado por la posibilidad de dejar sin efecto las rebajas ya concedidas y notificadas, el exministro descartó esa alternativa. Explicó que, una vez comunicadas, estas decisiones constituyen un derecho y no pueden ser retrotraídas.
También advirtió que la suspensión de nuevas rebajas podría derivar en acciones judiciales por parte de condenados cuyas solicitudes ya fueron aprobadas por las respectivas comisiones, mediante recursos de amparo.
Finalmente, Gómez planteó que eventuales modificaciones legales tendrían dificultades para aplicarse de manera retroactiva. Además, propuso revisar el reglamento penitenciario y exigir que las comisiones fundamenten expresamente sus decisiones, con el objetivo de transparentar los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
