viernes, octubre 9, 2026
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Seremi de Gobierno destaca avances legislativos en seguridad pública

Yuseff Hilaja valoró la ampliación del plazo de detención en flagrancia, la aprobación de las Reglas de Uso de Fuerza y la promulgación de la Ley Antipelotazos.

El seremi de Gobierno de Tarapacá, Yuseff Hilaja, destacó los avances legislativos impulsados en materia de seguridad pública, entre ellos la Ley de Flagrancia, las Reglas de Uso de Fuerza (RUF) para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y la denominada Ley Antipelotazos.

En una entrevista radial, la autoridad valoró la promulgación de la normativa que aumenta a 24 horas el plazo de detención en casos de flagrancia. Según explicó, esta modificación entrega mayores capacidades de acción a Carabineros, la PDI y la Policía Marítima, especialmente cuando existen registros de cámaras o antecedentes que permitan identificar a la persona que habría cometido un delito.

“Con esta nueva ley de flagrancia tenemos 24 horas para poder hacer esa detención”, señaló Hilaja, quien agregó que la medida permitirá generar las medidas cautelares que sean requeridas en cada caso.

El vocero regional también se refirió a la aprobación en el Senado del informe de la Comisión Mixta del proyecto que establece las Reglas de Uso de Fuerza para Carabineros y la PDI. La iniciativa contempla cinco grados de resistencia o agresión: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

En correspondencia, la normativa fija cinco niveles de uso de la fuerza: presencia, comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal y uso de fuerza potencialmente letal. De acuerdo con el seremi, este marco entrega garantías a los funcionarios policiales y claridad a la ciudadanía sobre el actuar de las instituciones de orden público.

Respecto de la Ley Antipelotazos, Hilaja indicó que busca enfrentar el ingreso de teléfonos, drogas y otros elementos a recintos penitenciarios mediante lanzamientos desde el exterior u otras vías no habilitadas. La norma establece una pena base de hasta tres años de presidio y permite perseguir el delito incluso cuando el objeto lanzado no sea recuperado.

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