El proceso considera a más de 80 proveedores de distintos mercados y busca verificar si corrigieron incumplimientos detectados en revisiones anteriores.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) desarrolla un proceso de fiscalización de seguimiento a instituciones de educación superior y empresas de diversos mercados, con el objetivo de comprobar si incorporaron los ajustes y correcciones detectados en revisiones anteriores o si aún mantienen conductas fuera del marco de la ley.
El despliegue considera a más de 80 proveedores en distintas regiones del país, mediante fiscalizaciones presenciales, documentales y digitales. En caso de detectar incumplimientos, el organismo no descarta adoptar medidas y acudir a la justicia, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Uno de los principales focos está puesto en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. El SERNAC verificará si estas instituciones entregan gratuitamente certificados de estudios, notas, estado de deuda u otros documentos similares, incluso cuando el estudiante o exestudiante haya suspendido sus estudios o mantenga una deuda de arancel.
De acuerdo con la Ley Pro Consumidor, estos certificados pueden solicitarse hasta dos veces al año y deben ser emitidos dentro de un plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud. La entrega puede realizarse por medios electrónicos o en formato papel cuando el establecimiento no cuente con medios digitales o el solicitante lo requiera expresamente.
El organismo recordó que, en un proceso anterior, detectó un alto nivel de incumplimiento en esta materia. Por ello, envió un oficio circular y un recordatorio a las instituciones de educación superior para reforzar sus obligaciones.
La fiscalización también incluye a empresas importadoras, respecto de la información de precios, el derecho a garantía legal y el cumplimiento del “Sello SEC”. En los centros de entretención infantil se revisarán las medidas de seguridad y la información entregada a los consumidores.
Asimismo, el SERNAC analizará sitios de comercio electrónico, especialmente la forma en que informan el derecho a retracto. Tras finalizar el proceso y comparar los antecedentes, el servicio podría interponer denuncias ante la justicia para solicitar la aplicación de multas.
