La iniciativa contempla la instalación de dispositivos en distintos puntos de la región mediante el Fondo 8% FNDR. En Iquique, la Junta de Vecinos Dolores N°34 inauguró un sistema con 36 cámaras y perifoneo.
El Gobierno Regional de Tarapacá financiará la instalación de 380 cámaras de televigilancia entre 2025 y 2026, como parte de una estrategia que entrega a las juntas de vecinos un rol directo en la identificación de puntos críticos y la administración de sistemas de seguridad comunitaria.
Los recursos provienen del Fondo Concursable 8% FNDR, mediante el cual las organizaciones sociales pueden ejecutar proyectos destinados al resguardo de sus barrios. La iniciativa busca fortalecer la prevención y apoyar la coordinación de los vecinos frente a eventuales delitos.
Uno de los proyectos recientemente inaugurados corresponde a la Junta de Vecinos Dolores N°34 de Iquique. La organización implementó una central de seguridad con un financiamiento de $19,4 millones aportado íntegramente por el Gobierno Regional.
El sistema contempla 36 cámaras de alta definición, grabadores digitales, monitores de control, equipos de perifoneo para labores de disuasión y respaldos eléctricos para mantener la operación ante eventuales cortes de luz.
Durante la inauguración, el gobernador José Miguel Carvajal destacó el conocimiento que tienen las organizaciones sociales sobre los pasajes y esquinas donde se concentran las incivilidades. La presidenta de la junta de vecinos, Rina Espinoza, valoró la llegada de los fondos regionales para apoyar la gestión de los dirigentes.
De acuerdo con el balance del Fondo 8%, durante 2025 la línea de Seguridad financió 51 iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, con una inversión superior a los $1.202 millones. Ese año se instalaron 278 cámaras y 329 luminarias, mientras que para 2026 está prevista la incorporación de otras 102 cámaras y 479 luminarias.
El proyecto de la unidad vecinal Dolores N°34 también incluyó capacitaciones técnicas para la mantención de los dispositivos y la elaboración de un protocolo de emergencia preventivo, orientado a que los propios vecinos sepan cómo reaccionar y coordinarse ante situaciones delictuales.
