La hoja de ruta orientará durante los próximos seis años la educación pública en Pozo Almonte, Camiña, Pica, Huara y Colchane, con impacto en 7.070 estudiantes.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) del Tamarugal presentó su Plan Estratégico Local (PEL) 2026-2032, instrumento que define la visión, los objetivos, las prioridades y las estrategias para el desarrollo de la educación pública en el territorio durante los próximos seis años.
El plan contempla a 37 escuelas, cinco liceos y tres jardines infantiles de las comunas de Pozo Almonte, Camiña, Pica, Huara y Colchane, alcanzando a 7.070 estudiantes. Su elaboración responde a lo establecido en la Ley 21.040, que dispone que cada Servicio Local debe contar con una hoja de ruta para la mejora permanente de la calidad de la educación pública.
El documento fue construido a partir de un diagnóstico y análisis territorial, junto con un proceso de participación iniciado en 2024. En esta etapa se incorporaron las opiniones de estudiantes, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, familias, autoridades, instituciones y organizaciones de la provincia.
Entre las acciones desarrolladas se incluyeron cinco encuentros territoriales, uno en cada comuna del SLEP, además de un diagnóstico de infraestructura destinado a evaluar las condiciones normativas y de funcionamiento de los establecimientos. También se realizó un debate argumentativo con estudiantes de enseñanza media y reuniones con alcaldes, autoridades, organizaciones e instituciones del territorio.
La directora ejecutiva del SLEP del Tamarugal, Andrea Osorio, señaló que el PEL es la hoja de ruta que orientará el desarrollo educativo de la provincia y que representa un compromiso colectivo con cada establecimiento y comunidad que integra el Servicio Local.
El plan establece seis objetivos estratégicos: fortalecer los aprendizajes; desarrollar el liderazgo pedagógico; promover prácticas educativas pertinentes e inclusivas; mejorar las condiciones para enseñar y aprender; gestionar responsablemente los recursos públicos; y consolidar una participación activa de las comunidades educativas.
