Tras el impactante caso de un menor de 13 años en Iquique, víctima de maltrato extremo y condiciones de esclavitud por parte de su madrastra —actualmente formalizada por homicidio frustrado—, la diputada Danisa Astudillo (PS) presentó una iniciativa legislativa orientada a fortalecer la protección de la infancia en Chile.
El caso, que ha generado gran conmoción pública, evidenció falencias en el sistema de protección a menores, incluyendo la escasa fiscalización tras la entrega de la custodia del niño por parte del Juzgado de Familia. Asimismo, puso de relieve la urgencia de revisar los mecanismos de prevención, denuncia y sanción frente a delitos de violencia y explotación infantil.
En respuesta, la diputada Astudillo —representante de la Región de Tarapacá— ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas por maltrato habitual, trata de personas y tráfico de migrantes, especialmente cuando las víctimas sean niños, niñas, adolescentes o personas en situación de discapacidad.
“La legislación actual no responde con la severidad necesaria ante hechos tan graves como los que vimos en Iquique. Este proyecto propone elevar las penas al máximo permitido por ley para estos delitos y cerrar los vacíos que hoy permiten que muchos casos queden sin castigo proporcional”, afirmó la parlamentaria.
Uno de los pilares centrales de la propuesta es reforzar la obligatoriedad de denuncia para profesionales del ámbito público, especialmente en salud, educación y servicios sociales. De esta manera, se busca impedir que casos de abuso o maltrato pasen inadvertidos o sin respuesta institucional adecuada.
“La comunidad fue clave en alertar este caso, pero no todos tienen esa suerte. Por eso queremos que profesores, médicos y funcionarios públicos estén obligados por ley a denunciar inmediatamente cualquier sospecha de abuso o maltrato”, señaló la subjefa de bancada del PS.
Desde que se conocieron los antecedentes del caso, la diputada Astudillo ha impulsado una serie de acciones legislativas con el fin de fortalecer la protección de la infancia y garantizar una respuesta oportuna del Estado. Con este proyecto, se espera avanzar hacia una legislación más firme, efectiva y centrada en la defensa de los derechos de los más vulnerables.
