🎙️ Hoy en “La Voz de Tarapacá” de Radio La Mega recibimos la visita de Carmen Velásquez, abogada y presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, quien nos entrega una mirada profunda sobre la actual crisis que enfrenta esta institución y el importante trabajo que realizan a diario en beneficio de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Uno de los primeros puntos que se abordó en esta conversación fue la diferencia entre dos instituciones clave del sistema de justicia chileno, que muchas veces son confundidas:
🔹 La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Defensoría Penal Pública (DPP).
Ambas ofrecen servicios legales gratuitos, pero sus funciones son distintas.
👉 La CAJ presta asesoría jurídica integral a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social en áreas como derecho de familia, civil, laboral, migración, infancia, adulto mayor, violencia de género, entre otros.
👉 Por su parte, la Defensoría Penal Pública se encarga exclusivamente de representar a personas imputadas en procesos penales que no pueden pagar una defensa particular.
Una crisis silenciosa: el paro de la Corporación de Asistencia Judicial
Desde el pasado 2 de abril, los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial se encuentran en paro nacional, en protesta por la crítica situación que enfrentan sus profesionales, la falta de recursos, la sobrecarga laboral y el abandono institucional.
🗣️ “Hoy no contamos con la dotación necesaria para atender correctamente a las personas que acuden a nuestras oficinas. En toda la región tenemos solo un abogado que se dedica a temas migratorios, lo que es completamente insuficiente considerando la complejidad de la nueva Ley de Migraciones. También tenemos solo una dupla profesional destinada a trabajar con personas mayores. Y eso es todo”, señaló Carmen Velásquez.
Durante el paro, no se está atendiendo público de forma regular, solo se mantienen turnos éticos para casos urgentes o de alta sensibilidad. Esta situación ha generado un impacto directo en miles de personas que dependen de estos servicios para acceder a la justicia.
La presidenta explicó que los abogados y funcionarios viven una realidad de agotamiento permanente.
🕐 “En la mañana nuestros profesionales deben asistir a audiencias judiciales; luego, en la tarde, reciben a personas con problemas legales diversos, muchas veces en contextos complejos y dolorosos; y después deben preparar las audiencias del día siguiente. Esto sin contar con apoyo psicológico, sin espacios de capacitación actualizada, y muchas veces sin siquiera contar con los medios básicos para hacer nuestro trabajo”.
Profesionales colapsados y sin apoyo
La abogada también enfatizó que los trabajadores enfrentan una carga emocional muy fuerte, especialmente quienes abordan temas delicados como violencia intrafamiliar, abuso, infancia vulnerada, desahucios, entre otros.
“No tenemos instancias de contención ni apoyo psicológico. Y esto impacta no solo en nuestra salud mental, sino también en la calidad del servicio que entregamos. ¿Cómo le explicamos a una mujer que viene huyendo de una situación de violencia que no tenemos profesionales disponibles para atenderla como corresponde?”, planteó con preocupación.
Prácticas profesionales sin respaldo
Otro punto crítico que mencionó la presidenta fue la situación de los alumnos en práctica que cada año llegan a la Corporación.
“Estos jóvenes llegan con muchas ganas, con conocimientos actualizados desde sus universidades, pero se encuentran con una realidad muy distinta. Una oficina colapsada, sin suficientes profesionales para guiarlos, y con carencias materiales básicas. Peor aún, si deben trasladarse a otra comuna para asistir a una audiencia o representar a un usuario, deben costear ellos mismos los pasajes. La Corporación no entrega viáticos ni apoyo para eso”, explicó Velásquez.
Un llamado urgente a las autoridades
Desde la Asociación hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Justicia, al Congreso y al Gobierno en general, para que tomen en cuenta la situación y las demandas del gremio.
Entre las principales peticiones están:
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Aumento de la dotación de personal en todas las regiones.
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Mejores condiciones laborales para los funcionarios.
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Programas de apoyo psicológico y capacitación continua.
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Financiamiento para viáticos de estudiantes en práctica.
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Revisión estructural del modelo de atención y gestión.
“No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo las mínimas condiciones para poder hacer bien nuestro trabajo. Queremos volver a atender al público, pero necesitamos un cambio real, profundo y sostenible. Este paro no es contra los usuarios, es por ellos”, concluyó Carmen Velásquez.
