La entrada en vigor de la Ley 21.591 sobre Royalty Minero a comienzos de este año ha marcado un hito en la redistribución de recursos en el país, permitiendo que todas las regiones cuenten con financiamiento directo para proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de sus habitantes. Promulgada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, esta normativa asegura una recaudación anual superior a 1.350 millones de dólares desde 2025, destinados tanto a gobiernos regionales como municipales.
Distribución de los recursos en Tarapacá
En nuestra región, los municipios recibieron en abril un total de $2.626.441.774, distribuidos a través del Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCM). Este financiamiento se orienta principalmente a atender necesidades locales como construcción de infraestructura, instalación de luminarias, cámaras de seguridad y mejoras en calles y veredas. Las comunas de Pica y Pozo Almonte destacan por haber recibido aportes de ambos fondos, alcanzando montos de 388 y 503 millones de pesos, respectivamente.
Si bien los recursos son de libre disposición, están sujetos a regulaciones que prohíben su uso para saldar deudas municipales y exigen que las municipalidades informen trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) sobre su ejecución. Esta, a su vez, reporta al Congreso para garantizar la transparencia en su uso.
Ejecución en la región y desafíos pendientes
El segundo informe de la Subdere, publicado el 28 de octubre, revela que en Tarapacá se han ejecutado $421.685.874 del total transferido por el Royalty Minero. Sobresale el caso de Colchane, que ha ejecutado el 100% de sus fondos, mientras que comunas como Iquique, Pica y Camiña no han reportado información sobre su uso. En tanto, Alto Hospicio presenta un avance del 13% en el FET, y Pozo Almonte, un 52% en el FCM.
Ante estas diferencias, Subdere ha señalado que remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República para evaluar posibles incumplimientos.
A nivel nacional, el desglose del uso de estos fondos muestra que el 37% se ha destinado a inversión, seguido por bienes y servicios de consumo (26%), transferencias corrientes (20%), adquisición de activos no financieros (11%), gastos de personal (5%) y otros conceptos (1%).
Hacia una mayor transparencia y eficiencia
Actualmente, se debate en el Congreso un proyecto de ley que obligaría a los municipios a incluir en sus cuentas públicas anuales el uso de los recursos provenientes del Royalty Minero, detallando su ejecución en proyectos específicos. Esta medida busca garantizar un uso transparente y eficiente, alineado con las necesidades de cada comunidad, además de prevenir posibles irregularidades.
El llamado es claro: en regiones mineras como Tarapacá, los municipios deben emplear estos recursos de manera estratégica y responsable para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los avances impulsados por el gobierno y respaldados por el Congreso solo tendrán impacto real si los fondos se gestionan con transparencia y en beneficio directo de las comunidades. La correcta administración de estos recursos es clave para el desarrollo sostenible de nuestras localidades y la construcción de un futuro más equitativo para todas y todos.
