En la madrugada del jueves 21 de noviembre, una banda organizada derribó 25 postes de la red de distribución eléctrica de CGE en la comuna de Huara, específicamente en la ruta 40, camino a Pisagua. Los delincuentes sustrajeron más de 7.500 metros de cable de cobre, provocando una interrupción en el suministro eléctrico en la localidad de Pisagua.
Este robo se suma a un incidente similar ocurrido el pasado 25 de septiembre en el mismo tramo, entre Pisagua y la ruta 5 norte, y refleja un problema creciente en la región. Personal técnico de CGE ya se encuentra trabajando en la reconstrucción de la red eléctrica de media tensión, la cual fue severamente afectada.
El robo de cables en la región de Tarapacá ha generado numerosas interrupciones en el suministro eléctrico, afectando a comunas como Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Pica. Hasta el momento, se han registrado 130 incidentes de robo de cobre, con un total de casi 35 kilómetros de cable sustraído, cifra que ya supera los incidentes y la cantidad de cobre robado durante todo el año 2023, cuando se contabilizaron 121 episodios y más de 28 kilómetros de cable robado.
Tarapacá se encuentra en el tercer lugar de las regiones más afectadas por este tipo de delitos, solo detrás de Coquimbo y Antofagasta. Francisco Jaramillo, subdirector de operaciones de CGE, señaló que estos robos son una clara muestra de la vinculación de las bandas delictuales con el crimen organizado. “Estas bandas operan con un modus operandi bien desarrollado, se desplazan entre regiones y tienen la capacidad de ocultar, vender e importar el cable robado, lo que les permite financiar otras actividades ilícitas”, afirmó Jaramillo.
A nivel nacional, CGE estima que el robo de cobre y los trabajos de reparación de la infraestructura eléctrica dañada han generado pérdidas superiores a los 2.190 millones de pesos hasta septiembre de este año. Este daño no solo afecta la infraestructura, sino también la calidad y continuidad del servicio eléctrico, perjudicando a miles de clientes.
Jaramillo también enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada de las autoridades a todos los niveles para frenar este flagelo. «Es imperativo que las autoridades se involucren de manera activa en la lucha contra estas bandas para mejorar la calidad del suministro eléctrico en la región», afirmó.
A nivel nacional, los datos de la distribuidora muestran un aumento alarmante de estos delitos. En los primeros nueve meses del año se han registrado 451 robos de cables, con un total de 153.595 metros de cobre robado, lo que equivale a más de 45 toneladas de cobre sustraídas. Estos delitos han afectado a más de 165.000 clientes, interrumpiendo su suministro eléctrico.
Este tipo de robos sigue siendo un problema serio que impacta la infraestructura del país y la calidad del servicio para los usuarios. Las autoridades y la comunidad deben trabajar en conjunto para erradicar estas bandas y reducir las consecuencias de este crimen organizado.
