La Seremi de Seguridad Pública de Tarapacá, encabezada por Ana María Peralta, abordó la preocupación de los vecinos de los pueblos del interior de la región ante el ingreso irregular de vehículos que transportan contrabando y personas extranjeras. La autoridad destacó que estas situaciones reflejan la presencia de crimen organizado, y que la búsqueda de nuevas rutas indica que los controles actuales están funcionando.
“Estamos conscientes de que el contrabando se reorganiza para evadir los controles, por lo que nuestras acciones también deben adaptarse a estos nuevos movimientos”, señaló Peralta. La Seremi mantiene comunicación directa con comunidades como Huaviña y planifica visitas periódicas, siempre acompañada por personal de seguridad para garantizar su protección y la de la comunidad.
Coordinación interinstitucional
El 27 de agosto se realizó una mesa técnica de seguridad transfronteriza en la Delegación Presidencial Provincial, con la participación del ejército, Carabineros, Delegación Presidencial y los servicios SAG y Aduana, enfocada en mejorar los patrullajes y la fiscalización en rutas críticas. En algunos sectores han visto un aumento en el control militar y policial, revisando caminos alternativos utilizados por quienes evaden la ley.
Se están implementando estrategias dinámicas para modificar los puntos de control regularmente, de manera que el crimen organizado no pueda anticipar los operativos. También se revisan caminos no oficiales con Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, para inutilizar rutas utilizadas para el contrabando.
Participación comunitaria y derechos humanos
La Seremi enfatizó la importancia de que los vecinos denuncien irregularidades, incluso en zonas de difícil acceso, como Chusmiza y Cariquima, para focalizar los patrullajes y optimizar recursos policiales.
En paralelo, se coordinará una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 8 de septiembre, para asegurar que las acciones respeten los derechos de las comunidades indígenas, en línea con el Convenio 169 de la ONU.
“La seguridad y la reducción del contrabando no siempre será visible para la comunidad, pero estas medidas son clave para proteger el estilo de vida de los habitantes y garantizar que las operaciones delictivas tengan menor efectividad”, concluyó Peralta.
