Las alertas se habrían producido entre febrero y mayo de 2026 e incluían reparos técnicos y políticos ante el cambio de criterio aplicado a las solicitudes de reducción de condena.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría recibido tres advertencias sobre el eventual costo político de conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, antes de que la medida desencadenara una crisis en el Gobierno.
Los antecedentes indican que las alertas se produjeron entre febrero y mayo de 2026, en medio de la discusión sobre un cambio de criterio que permitió aprobar solicitudes de reducción de penas. Los reparos planteados habrían considerado tanto aspectos técnicos como las consecuencias políticas de la decisión.
La primera advertencia se habría registrado el 2 de febrero, durante una reunión de traspaso de mando entre Rabat y su antecesor, Jaime Gajardo. En esa instancia se habría explicado que la administración anterior rechazaba las solicitudes de reducción de condena en casos de delitos sexuales contra menores de edad, salvo cuando la Corte Suprema acogiera los recursos presentados por los condenados.
Durante la reunión también se habrían revisado informes que planteaban la necesidad de considerar la edad de las víctimas al analizar las sentencias. Posteriormente, el 26 de marzo, Rabat comenzó a evaluar alternativas ante el aumento de los recursos judiciales presentados por condenados que buscaban acceder al beneficio.
En abril, el ministro habría convocado a su equipo y a asesores técnicos para revisar las opciones jurídicas disponibles. En ese encuentro se le habría advertido que debía ponderar el incremento de los recursos judiciales frente al costo de conceder rebajas en casos graves o de alta atención pública. También se le habría recomendado establecer un criterio claro para fundamentar el rechazo de las solicitudes.
Pese a esos planteamientos, Rabat habría priorizado los argumentos jurídicos y mantenido su postura respecto del criterio vigente. La última advertencia se habría producido en mayo, cuando un funcionario le habría señalado que no debía avanzar con la entrega de estos beneficios debido a las consecuencias que podía generar.
Los antecedentes también señalan que estas alertas no habrían sido comunicadas al presidente Kast, algo que coincidiría con declaraciones del ministro realizadas el 22 de octubre, cuando afirmó que el mandatario no estaba al tanto de los hechos. En paralelo, el Gobierno enfrentaría un costo cercano a los 17 millones de pesos para financiar la defensa de Rabat ante una eventual acusación constitucional.
