El senador de Evópoli defendió al exministro Hernán Larraín y cuestionó la respuesta del presidente del Partido Republicano a sus dichos sobre el criterio de la Corte Suprema.
La firma del Ministerio de Justicia en un decreto que rebaja las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad provocó un nuevo enfrentamiento al interior del oficialismo.
La controversia involucró a los senadores y presidentes de sus respectivos partidos, Arturo Squella, del Partido Republicano, y Luciano Cruz-Coke, de Evópoli. El intercambio se originó tras las declaraciones del exministro de Justicia Hernán Larraín sobre el otorgamiento de estos beneficios.
Larraín sostuvo que la ley aprobada en 2022, que excluye a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores de edad del acceso a la rebaja de penas, modificó el criterio que había aplicado inicialmente la Corte Suprema.
Según el exministro, el máximo tribunal primero consideró que las personas condenadas antes de la entrada en vigencia de la norma tenían derecho al beneficio y acogió recursos en esa línea. Sin embargo, afirmó que en fallos recientes la Corte Suprema cambió su posición y rechazó la entrega de las rebajas, al estimar que este beneficio no está comprendido en el principio de irretroactividad penal.
Los dichos fueron respondidos por Squella, quien cuestionó irónicamente que la normativa no estuviera vigente durante la época en que operó Paul Schäfer. La intervención del senador fue replicada por Cruz-Coke, quien defendió a Larraín y llamó al presidente del Partido Republicano a actuar con mayor prudencia.
El parlamentario de Evópoli también criticó que la discusión se desarrollara públicamente en redes sociales y sostuvo que la confrontación entre representantes del oficialismo terminaba facilitando el escenario para la oposición.
