Las bancadas cuestionan las rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de la dictadura.
Las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, PPD y Partido Liberal exigieron al presidente José Antonio Kast la remoción inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la entrega de beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los derechos humanos.
Los partidos de oposición también confirmaron el inicio de los trabajos para redactar una acusación constitucional contra el secretario de Estado. A juicio de los parlamentarios, la respuesta del Ejecutivo ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, y la responsabilidad política de la controversia alcanza directamente al Mandatario.
La ofensiva se produjo luego de que el Ministerio de Justicia anunciara la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de penas. Además, el Gobierno comunicó que enviará proyectos con discusión inmediata para cerrar el vacío legal que permitía beneficiar a personas condenadas por delitos sexuales cometidos antes de la entrada en vigencia de una reforma aprobada en febrero de 2022.
La polémica se originó tras conocerse la firma de 56 decretos que favorecieron a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 correspondieron a casos de abuso sexual y 29 a violaciones. A estos se sumaron tres decretos relacionados con condenados por secuestro calificado y torturas, incluidos internos del penal de Punta Peuco.
Entre los casos cuestionados se encuentra el de César Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones condenado por la desaparición forzada de cinco personas en 1987. Un decreto le redujo 19 meses de su condena.
La oposición sostiene que el argumento de que la reforma de 2022 no podía aplicarse de manera retroactiva quedó debilitado luego de revisiones de causas en que la Corte Suprema respaldó el rechazo de beneficios para delitos cometidos antes de esa fecha. Los parlamentarios también exigen aclarar si la suspensión afectará las 56 rebajas ya concedidas y cuál fue el mecanismo jurídico utilizado para congelar los trámites.
