El ciudadano venezolano fue formalizado por su presunta participación en el crimen ocurrido durante la noche del 31 de enero. El tribunal fijó 120 días para la investigación.
El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para un ciudadano venezolano formalizado por su presunta participación en un delito de secuestro con homicidio, ocurrido durante la noche del 31 de enero en la Región de Tarapacá.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, cerca de las 23:00 horas el imputado habría salido desde su domicilio en Alto Hospicio y, junto a otros sujetos, ingresado a una vivienda ubicada en calle Juan Martínez, en Iquique. En el lugar, la víctima, también de nacionalidad venezolana, habría sido reducida y obligada a subir a un vehículo.
Posteriormente, la víctima habría sido trasladada hasta otro inmueble, donde fue golpeada. Cerca de la 1:30 de la madrugada, los captores la llevaron hasta el sector del exvertedero de Alto Hospicio, una zona eriaza y apartada.
Según la investigación, en ese lugar los agresores hicieron descender al hombre y le permitieron avanzar algunos metros antes de dispararle por la espalda. El informe del Servicio Médico Legal estableció que la víctima recibió 16 impactos balísticos en la cabeza y el tórax, lesiones que le provocaron la muerte.
Las diligencias fueron desarrolladas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El análisis de cámaras de vigilancia permitió reconstruir el recorrido del vehículo utilizado en el secuestro, mientras que peritajes del Laboratorio de Criminalística aportaron antecedentes sobre la participación del sospechoso.
El imputado permaneció prófugo durante más de ocho meses y fue detenido este fin de semana durante un control preventivo, luego de que la policía verificara su identidad y confirmara que mantenía una orden de captura vigente.
El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Las policías continúan las diligencias destinadas a identificar y detener a los demás involucrados.
