La normativa incorpora nuevas facultades para ubicar y detener a personas con órdenes de expulsión vigentes, además de reducir los plazos para reclamar y ampliar las causales de expulsión.
El Senado aprobó, con 37 votos a favor y una abstención, el proyecto que perfecciona y agiliza el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la ley. Con la votación, la iniciativa quedó despachada del Congreso.
Entre sus principales disposiciones, la nueva normativa facilita la ubicación y detención de personas que mantengan órdenes de expulsión vigentes. Para ello, la Policía de Investigaciones podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona y detenerla.
El magistrado deberá resolver esta solicitud en un plazo máximo de 24 horas, estableciendo un control judicial previo para este tipo de procedimientos.
Asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a particulares, empresas y funcionarios públicos información que permita ubicar a personas en situación migratoria irregular. Esta facultad tendrá restricciones, ya que no se podrán obtener datos desde establecimientos de salud ni recintos educacionales, ni respecto de menores de edad.
La ley también incorpora el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, notificaciones electrónicas y tácitas, además de la posibilidad de retener documentos de viaje.
En materia de reclamaciones, el plazo para presentar estos recursos se reduce de diez a cinco días. Además, la interposición de un recurso judicial ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la expulsión, por lo que reclamar no bastará por sí solo para detener el procedimiento.
La normativa amplía las causales de expulsión administrativa al incluir las graves afectaciones al orden público. También eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta que sean ejecutadas.
