Rubén Güiza Castro fue condenado por exigir pagos para destrabar el decreto de adjudicación del recambio de luminarias públicas. La sentencia definitiva se conocerá el 15 de octubre.
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique declaró culpable a Rubén Güiza Castro, exabogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, por el delito de cohecho agravado, en el marco de la investigación por irregularidades en la licitación del recambio de luminarias LED.
El veredicto se conoció luego de dos semanas de juicio oral, período en el que la Fiscalía presentó pruebas para acreditar que los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando Güiza ejercía funciones en el municipio. De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el exfuncionario exigió pagos a ejecutivos vinculados a la empresa Itelecom a cambio de gestionar el avance del decreto de adjudicación del alumbrado público.
Entre los principales antecedentes considerados estuvieron las escuchas telefónicas realizadas por la Policía de Investigaciones. En esas conversaciones, Güiza habría coordinado acciones con Gustavo Proby Yun Kan para contactar a Cristián Ureta Bravo, relacionado con Itelecom, y solicitar dinero mientras mantenía bajo su responsabilidad la documentación municipal de la licitación.
Con esta resolución, el número de personas condenadas en la trama del Caso LED en Iquique llegó a 15. Entre ellas se encuentran ejecutivos de las empresas Itelecom y ELEC, exconcejales, intermediarios privados y funcionarios de la Municipalidad de Iquique.
En la misma audiencia, el tribunal absolvió a la funcionaria pública Daniela Vargas Barbaric de los cargos formulados por el Ministerio Público. Además, un segundo imputado alcanzó previamente la suspensión condicional del procedimiento.
El fiscal especializado Pablo Medina señaló que el tribunal estableció que Güiza aceptó recibir dinero para ejecutar actos contrarios a los deberes de su cargo. El persecutor agregó que la Fiscalía analizará la sentencia para determinar si presenta un recurso de nulidad respecto de la absolución.
La lectura de la sentencia definitiva, que establecerá las penas de cárcel y eventuales inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, quedó fijada para el jueves 15 de octubre, al mediodía.
