Las iniciativas buscan incorporar a alcaldes, gobernadores y otras autoridades vinculadas a la seguridad entre las víctimas protegidas en casos de homicidio por encargo.
Tras conocerse un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el Senado comenzaron a tramitarse dos proyectos de ley orientados a reforzar la protección de autoridades frente al crimen organizado.
Una de las iniciativas, presentada por la senadora Paulina Vodanovic, propone ampliar el listado de víctimas protegidas en los delitos de homicidio por encargo. Actualmente, esa nómina considera a jueces penales, fiscales, defensores públicos, funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
El proyecto plantea incluir a alcaldes, gobernadores regionales, al ministro de Seguridad Pública, subsecretarios y seremis de esa cartera, además de delegados regionales y provinciales y directores de Seguridad Pública provinciales y comunales. También contempla una cláusula para proteger a cualquier autoridad relacionada con la seguridad pública o la prevención del delito.
La propuesta establece que, cuando el homicidio por encargo tenga como víctima a alguna de estas autoridades, el delito sea sancionado como consumado desde el grado de tentativa. Vodanovic sostuvo que el aumento de penas no constituye la única solución a los problemas de seguridad, aunque afirmó que puede contribuir a enfrentar este tipo de amenazas. Además, solicitó al Gobierno otorgar urgencia a la iniciativa.
El segundo proyecto fue ingresado por los senadores Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Paulina Núñez y Cristian Vial. La moción busca modificar la misma normativa para considerar específicamente a alcaldes y concejales cuando se conspire contra sus vidas.
El senador Cristian Vial señaló que el Código Penal ya contempla este tipo de conductas respecto de jueces, fiscales y policías, pero que la incorporación de autoridades comunales permitiría establecer penas mayores. Según explicó, quienes se concierten para atentar contra la vida de un alcalde o concejal podrían arriesgar hasta 10 años de privación de libertad.
Ambas iniciativas fueron derivadas a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia en la que podrían ser refundidas en un solo proyecto.
