La normativa vigente desde 2025 prohíbe consumir sustancias o permanecer bajo sus efectos en instalaciones laborales y exige incorporar estas disposiciones en los reglamentos internos.
El consumo de alcohol y otras drogas en los espacios de trabajo es considerado un desafío para la seguridad y la salud laboral, debido a sus posibles efectos en la integridad de los trabajadores, la ocurrencia de accidentes y la gestión preventiva de las organizaciones.
En este contexto, la entrada en vigencia del Decreto 44 durante 2025 estableció nuevas directrices para las empresas chilenas. La normativa prohíbe el consumo de sustancias en los lugares de trabajo y la permanencia en las instalaciones bajo sus efectos, además de exigir que estas reglas sean incorporadas en los reglamentos internos.
Viviana Alcaide, subgerenta de Promoción de la Salud de Mutual de Seguridad, explicó que el consumo puede alterar la memoria, la capacidad de juicio, la coordinación y las habilidades motoras. El riesgo puede extenderse a terceros, especialmente en actividades que involucran maquinarias pesadas, como el transporte de carga, la minería y la construcción.
La especialista señaló que el consumo problemático no debe abordarse únicamente como una responsabilidad individual, ya que también influyen factores familiares, genéticos, individuales y socioambientales. Entre los elementos que pueden aumentar la vulnerabilidad mencionó los sistemas de turnos, los extensos períodos de vigilia, las jornadas exigentes y los conflictos o liderazgos inadecuados al interior de los equipos.
Para fortalecer la prevención, las organizaciones deben promover climas laborales saludables, establecer redes de apoyo y abordar los riesgos psicosociales. La estrategia puede incluir acciones educativas y de sensibilización, eventuales testeos bajo protocolos que respeten la legislación y los derechos de los trabajadores, además de medidas de apoyo y rehabilitación mediante instituciones especializadas, la red de salud o programas de Senda.
Alcaide enfatizó que las personas que enfrentan un consumo problemático necesitan ayuda especializada y no estigmatización. En esa línea, planteó que la prevención debe integrarse a una política más amplia de bienestar laboral, que también considere la salud mental, el descanso, el autocuidado y la promoción de hábitos saludables.
