El conjunto de iniciativas busca fortalecer las capacidades del Estado, reforzar la seguridad penitenciaria y afectar el patrimonio de las organizaciones criminales.

Tras el anuncio realizado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, en cadena nacional, el Gobierno presentó la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), un conjunto de reformas e iniciativas legislativas orientadas a mejorar la capacidad del Estado para prevenir, perseguir y sancionar a las organizaciones delictuales.

La propuesta considera una reforma constitucional en materia de seguridad pública, una nueva Ley Orgánica para Gendarmería y la creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos.

A estas medidas se suma un paquete de proyectos destinados a reforzar el combate contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, consolidando la seguridad como una de las principales prioridades legislativas del segundo semestre.

El seremi de Gobierno de Tarapacá, Yuseff Hilaja, destacó que la agenda permitirá entregar nuevas herramientas a las instituciones encargadas de enfrentar a las organizaciones criminales.

“La seguridad es una de las principales preocupaciones de las familias y, en consecuencia, la primera prioridad del Gobierno. Esta agenda fortalecerá las capacidades del Estado para perseguir al crimen organizado, quitarle su patrimonio, reforzar el sistema penitenciario y proteger de mejor manera a las personas”, señaló.

Relevancia para una región fronteriza

La autoridad sostuvo que la Agenda Contra el Crimen Organizado adquiere una especial importancia para Tarapacá, debido a su condición fronteriza y a los desafíos asociados a la actuación de organizaciones delictuales transnacionales.

“Durante los últimos meses, nuestra región ha registrado importantes avances en el control de la migración irregular y en el combate contra las organizaciones criminales. La ACOT viene a fortalecer ese trabajo, entregando nuevas herramientas para que el Estado pueda actuar con mayor eficacia frente a delitos que afectan directamente la seguridad de los vecinos de todas las comunas de Tarapacá”, expresó Hilaja.

El vocero regional explicó que la propuesta no se limita al aumento de las sanciones contra quienes integran estas agrupaciones, sino que también busca afectar su estructura económica y capacidad operativa.

“El crimen organizado no se combate solamente deteniendo a quienes delinquen. También es necesario atacar su financiamiento. Cuando el Estado decomisa los bienes obtenidos ilícitamente y fortalece instituciones como Gendarmería, golpea directamente la capacidad de estas organizaciones para continuar funcionando”, afirmó.

Principales medidas de la agenda

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra una reforma constitucional que consagra la seguridad pública como un deber del Estado y establece nuevos mecanismos para enfrentar a las organizaciones criminales y terroristas.

La propuesta también contempla regímenes penitenciarios más estrictos para sus integrantes y la creación de un nuevo estado de excepción para situaciones de grave alteración de la seguridad pública.

Asimismo, se impulsará una nueva institucionalidad para Gendarmería y una agencia especializada encargada de administrar, liquidar, enajenar o destruir los bienes provenientes de actividades delictivas.

Finalmente, el seremi señaló que esta agenda complementa el trabajo que el Ejecutivo desarrolla en materia de seguridad y destacó los primeros indicadores relacionados con la disminución de delitos como homicidios, secuestros y robos violentos.

También mencionó el aumento en las incautaciones de drogas y la reducción de los ingresos irregulares detectados en el país.

“Son señales que debemos consolidar mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones y el perfeccionamiento de la legislación vigente”, concluyó Hilaja.