La iniciativa reducirá de 18 a seis meses el plazo para regularizar títulos de dominio en zonas declaradas en catástrofe, permitiendo que las personas damnificadas accedan con mayor rapidez a subsidios y ayudas para reconstruir sus viviendas.

Santiago, 5 de agosto de 2026.– La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un procedimiento extraordinario para regularizar la pequeña propiedad raíz en situaciones de emergencia, iniciativa que ahora deberá ser discutida por la Sala.

La propuesta busca evitar que la falta de un título de dominio impida o retrase el acceso de las familias damnificadas a subsidios habitacionales y otros beneficios estatales destinados a la reconstrucción de sus hogares.

Actualmente, el proceso de regularización puede extenderse por cerca de 18 meses. Con esta nueva herramienta, el plazo se reduciría a seis meses para las personas afectadas por una catástrofe, mediante un procedimiento extraordinario y completamente gratuito.

De esta manera, las familias podrían acceder oportunamente a programas de reconstrucción, recuperar sus viviendas y retomar sus proyectos de vida en un periodo considerablemente menor.

La ministra Parot valoró la aprobación de la iniciativa y agradeció el respaldo recibido durante su análisis en la Comisión de Vivienda.

“Quisiera agradecer muy sinceramente a las diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda por la aprobación de este proyecto, que va en directa ayuda de las personas y familias damnificadas por una catástrofe”, señaló.

La autoridad destacó además los aportes realizados durante la discusión legislativa y expresó su expectativa de que la propuesta continúe avanzando con rapidez.

“Esperamos que ahora pueda seguir adelante con el mismo espíritu en la Sala de la Cámara, para que este beneficio llegue cuanto antes a quienes más lo necesitan”, agregó.

Procedimiento excepcional y con garantías

El proyecto no reemplaza el sistema ordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz, sino que establece una herramienta especial para situaciones de emergencia.

Su aplicación estará limitada a personas damnificadas que residan en zonas oficialmente declaradas en estado de catástrofe.

La iniciativa mantendrá las garantías jurídicas y la protección de los derechos de terceros, mediante mecanismos reforzados de publicidad, revisión y oposición administrativa.

Esto permitirá acelerar los procesos sin renunciar a la certeza jurídica ni afectar los derechos de quienes pudieran acreditar legítimos intereses sobre las propiedades.

Tramitación completamente gratuita

Uno de los principales aspectos del proyecto es la gratuidad total del procedimiento.

Las familias beneficiarias no deberán pagar publicaciones, inscripciones, certificados ni trámites realizados ante el Conservador de Bienes Raíces.

La propuesta también contempla la posibilidad de otorgar gratuitamente el alzamiento de prohibiciones para personas mayores y pacientes con enfermedades terminales.

Además, busca disminuir la burocracia mediante un mayor intercambio de información entre los organismos públicos, evitando que las personas afectadas deban reunir documentos que ya se encuentran disponibles en instituciones del Estado.

Respuesta a una problemática recurrente

El proyecto responde a una situación que se ha repetido después de incendios, terremotos, inundaciones y otras emergencias ocurridas en el país.

Muchas familias habitan desde hace años en propiedades cuya situación jurídica no se encuentra regularizada. Cuando ocurre una catástrofe, esta falta de documentación puede convertirse en una barrera para acceder a subsidios, ayudas económicas y programas de reconstrucción.

La iniciativa busca que ninguna persona damnificada vea postergada la ayuda estatal debido a un trámite que puede resolverse con mayor rapidez, manteniendo siempre las garantías legales correspondientes.

Principales beneficios del proyecto

• Regularización más rápida: reduce de 18 a seis meses el plazo para las familias damnificadas.
• Acceso oportuno a subsidios: facilita la incorporación a programas de reconstrucción y ayudas estatales.
• Gratuidad total: elimina los costos de publicaciones, certificados, inscripciones y trámites.
• Menos burocracia: fortalece el intercambio de información entre organismos públicos.
• Protección de derechos: mantiene las garantías jurídicas y los mecanismos de oposición para terceros.
• Apoyo especial: permite el alzamiento gratuito de prohibiciones para personas mayores y enfermos terminales.

Tras su aprobación en la Comisión de Vivienda, el proyecto quedó en condiciones de ser discutido y votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.