jueves, abril 16, 2026
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GORE Tarapacá dispondrá más de $600 millones para iniciar recuperación de la Iglesia San Antonio de Padua

El Gobierno Regional de Tarapacá aprobó una inversión superior a los $600 millones para dar inicio a una nueva etapa en la recuperación de la Iglesia San Antonio de Padua, emblemático inmueble patrimonial de la ciudad de Iquique que fue destruido por un incendio en octubre de 2024.

La decisión, respaldada por el Consejo Regional (CORE), contempla la actualización del diseño del proyecto de restauración del templo y del Convento Franciscano, iniciativa que será financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con una asignación total de $609 millones.

El recinto, declarado Monumento Histórico en 1994, sufrió daños prácticamente totales tras el siniestro, generando un fuerte impacto tanto en la comunidad local como en el patrimonio cultural de la región. Debido a esta situación, el proyecto original —que se encontraba en su fase final de diseño— debió ser reformulado para adaptarse a las nuevas condiciones estructurales, incorporando criterios técnicos, patrimoniales y normativos que permitan una reconstrucción fiel a su estado original.

Desde el Consejo Regional destacaron que esta iniciativa representa un paso concreto en la recuperación del patrimonio regional, permitiendo avanzar en la restitución de un espacio significativo para la comunidad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Patrimonio y Pueblos Originarios del CORE, Pablo Espinoza, subrayó la complejidad del proceso, indicando que la restauración requerirá altos estándares técnicos y especialistas en patrimonio, lo que incide directamente en los costos y plazos de ejecución.

El proyecto considera el desarrollo de un diseño integral que incluirá arquitectura, ingeniería y especialidades, junto con la elaboración de especificaciones técnicas y un presupuesto actualizado. Esta etapa permitirá avanzar posteriormente hacia la ejecución de las obras.

La iniciativa será ejecutada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y cuenta con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que respalda su viabilidad social y económica.

Se estima que la actualización del diseño tendrá un plazo de ejecución de 540 días, tras lo cual se espera avanzar en la reconstrucción de este importante espacio, que no solo cumple un rol religioso, sino también cultural y social para la región de Tarapacá.

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La diputada Ximena Naranjo ofició a la Contraloría General de la República tras la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, informe que evidenció elevados gastos municipales en actividades de celebración a nivel nacional durante los años 2024 y 2025. De acuerdo con los antecedentes dados a conocer el pasado 6 de abril de 2026, diversas municipalidades destinaron importantes recursos a este tipo de actividades, superando en algunos casos el gasto dirigido a asistencia social para personas naturales. En la región de Tarapacá, la situación genera especial preocupación. Las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Huara figuran entre aquellas donde el gasto en celebraciones habría superado la inversión social, con diferencias que incluso sobrepasan los 90 millones de pesos. “Estamos hablando de territorios donde existen importantes necesidades sociales. Por eso, cuando se priorizan recursos en celebraciones por sobre la ayuda directa a las personas, se genera una señal que preocupa profundamente a la ciudadanía”, señaló la parlamentaria. En esa línea, Naranjo precisó que su acción no busca cuestionar las actividades comunitarias, sino reforzar el correcto uso de los recursos públicos: “Las celebraciones pueden ser parte de la vida en comunidad, pero no pueden transformarse en una prioridad por sobre las necesidades más urgentes”. El informe de la Contraloría establece que este tipo de gastos debe ajustarse a criterios de eficiencia y al cumplimiento de objetivos municipales, por lo que se anunciaron procesos de fiscalización y eventuales revisiones en aquellos casos que no cumplan con la normativa vigente. Ante este escenario, la diputada solicitó formalmente que se informe si las comunas mencionadas serán objeto de fiscalización, así como los plazos y acciones que se adoptarán. Finalmente, la parlamentaria reafirmó su compromiso con la transparencia y el control del gasto público, señalando que “es fundamental asegurar que cada recurso del Estado se utilice de manera responsable y en beneficio directo de quienes más lo necesitan”.
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