
La organización cuestionó la presencia de Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems y BlueBird Aero Systems en la feria naval, y advirtió posibles consecuencias internacionales para Chile.
El Centro de Información Palestina (CIP) solicitó al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a la Armada de Chile impedir la participación de tres empresas militares israelíes en Exponaval 2026, feria de defensa naval que se desarrollará entre el 1 y el 3 de diciembre en Santiago.
La organización afirmó que Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems y BlueBird Aero Systems aparecen en el catálogo oficial del evento, cuya realización está a cargo de FISA junto con la Armada de Chile y cuenta con patrocinio del Gobierno.
En una declaración pública, el CIP comparó la presencia de estas compañías con una eventual invitación a la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi, durante el Holocausto. El planteamiento fue realizado en el contexto de las operaciones militares israelíes en Gaza y de informes de Naciones Unidas citados por la entidad.
El organismo también cuestionó un eventual cambio en el criterio adoptado por Chile frente a empresas vinculadas a conflictos internacionales. Al respecto, recordó que en 2022 se retiró la invitación a compañías rusas de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), tras la invasión de Ucrania, mientras que en 2024 fueron excluidas empresas israelíes de esa misma exhibición.
Según el CIP, permitir ahora la participación de las firmas israelíes en Exponaval supondría una modificación respecto de la trayectoria diplomática chilena en relación con Palestina, por lo que pidió una explicación pública sobre los fundamentos de esa decisión.
La organización además sostuvo que Chile, como parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, debe considerar sus obligaciones internacionales. En ese sentido, advirtió que facilitar espacios de promoción comercial o eventuales acuerdos de cooperación militar con esas empresas podría comprometer la responsabilidad internacional del país.
Finalmente, el CIP llamó a las instituciones estatales involucradas y a FISA a evaluar los riesgos asociados a la participación de las compañías, señalando que la decisión podría afectar la credibilidad internacional de Chile en materias de derechos humanos y derecho internacional.



