
El informe aprobado por la Cámara cuestiona la solicitud de información sobre una causa penal, el retiro de una prefecta de la PDI y la falta de un plan de seguridad al inicio del gobierno.
La Comisión Especial Investigadora que revisó las actuaciones de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, concluyó que habría excedido sus atribuciones legales, vulnerado el principio de probidad administrativa y omitido funciones de asesoría al presidente José Antonio Kast.
El informe fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y sus antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. La instancia aclaró que sus conclusiones son de carácter político y no constituyen una sentencia judicial.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el oficio reservado N.º 28, emitido el 13 de marzo de 2026, mediante el cual Steinert solicitó a la Policía de Investigaciones antecedentes específicos sobre funcionarios vinculados a una causa penal en curso. Según un dictamen de la Contraloría, el requerimiento excedió sus facultades y la exministra debía abstenerse de intervenir debido a su anterior cargo como fiscal regional.
La comisión también analizó el retiro de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, comunicado el 21 de marzo de 2026. El informe sostiene que no fue posible esclarecer los fundamentos de la decisión, debido a los antecedentes limitados y a la incomparecencia de exautoridades ministeriales.
En ese contexto, la instancia planteó que, si Steinert no participó en la determinación —como afirmó el director general de la PDI, Eduardo Cerna—, podría haber incumplido su obligación de asesorar al Presidente en materias relacionadas con los altos mandos policiales.
El documento también cuestionó la falta de antecedentes concretos sobre un programa o plan de seguridad al inicio de la administración, la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio y la ausencia de la estrategia bianual contemplada en la Política Nacional de Seguridad Pública.
Entre sus recomendaciones, la comisión propuso establecer protocolos para solicitar información a las policías, precisar las funciones de los asesores presidenciales, detectar conflictos de interés y asegurar la elaboración de los instrumentos de planificación exigidos por la normativa. Además, se investigarán eventuales delitos vinculados con la filtración del oficio reservado.



