Ljubetic respondió a los cuestionamientos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien acusó al organismo de mantener una mirada ideológica frente a la iniciativa.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Ljubetic, respondió a las críticas formuladas por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto del informe elaborado por el organismo sobre el proyecto conocido como Ley Naín-Retamal 2.0.
La iniciativa busca ampliar la legítima defensa privilegiada para policías y militares que se encuentren de franco, pero actúen en cumplimiento de su deber y enfrenten una agresión grave contra su integridad o la de terceras personas.
A través de redes sociales, Arrau sostuvo que el INDH estaría “desconectado de la realidad” y cuestionó la evaluación realizada al proyecto, atribuyéndole una mirada ideológica y una supuesta resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
El ministro afirmó que el Gobierno continuará impulsando la profundización de la Ley Naín-Retamal, argumentando que, ante el aumento de la violencia criminal, el Estado debe entregar protección y certeza jurídica a quienes cumplen funciones de seguridad.
En un video difundido este viernes, Ljubetic señaló que el tono y la forma de las declaraciones del secretario de Estado no corresponden a la relación que debe existir entre instituciones públicas, la que, a su juicio, debe estar basada en la deferencia y el respeto.
El director del INDH sostuvo además que los cuestionamientos ponen en duda una parte central del mandato legal del organismo: revisar que las leyes sean coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por Chile.
Asimismo, indicó que el informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH. Según explicó, el documento reconoce la importancia de la seguridad de las personas, pero también plantea que las fuerzas de orden deben actuar con pleno respeto a los derechos humanos.
El proyecto fue presentado en 2023 por diputados de Renovación Nacional, encabezados por José Miguel Castro. La controversia se desarrolla en paralelo al debate del Presupuesto 2027, instancia en la que parlamentarios oficialistas han planteado retirar recursos destinados al instituto.
