Lorena Pereda padece síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo abdominal y mantiene una disputa con su isapre por el financiamiento del dispositivo indicado para tratar su dolor refractario.
Más de diez años lleva Lorena Pereda enfrentando un dolor crónico que, según sus antecedentes médicos, se originó tras una serie de cirugías por una hernia hiatal realizadas entre 2015 y 2016. En 2023 fue diagnosticada con síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo abdominal, una condición que le provoca dolor permanente.
La paciente ha sido sometida a distintos tratamientos, entre ellos medicamentos, bloqueos e infiltraciones, sin obtener un control suficiente de sus síntomas. Por ello, su médico tratante indicó la implantación de un neuroestimulador medular con tecnología DRG, procedimiento orientado a abordar su dolor refractario.
El tratamiento tiene un costo particular superior a los $52 millones, de los cuales cerca de $40 millones corresponden al dispositivo. Sin embargo, su isapre Cruz Blanca no ha financiado íntegramente el neuroestimulador, pese a que la defensa de Pereda sostiene que este elemento es indispensable para realizar la intervención.
El caso pasó por la Superintendencia de Salud y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instancia que emitió un fallo unánime favorable a la paciente. Posteriormente, la controversia llegó a la Corte Suprema, que rechazó el recurso y determinó que el conflicto debía continuar primero por la vía administrativa.
Actualmente, Pereda mantiene un procedimiento ante la Superintendencia de Salud iniciado en mayo de 2025, sin una resolución definitiva. Su abogado, Franco Milanéz, cuestionó la demora y sostuvo que la situación no se limita al costo económico, sino que también involucra el acceso a un tratamiento considerado necesario para enfrentar un dolor que puede ser incapacitante.
La defensa también criticó que la isapre aceptara aplicar la cobertura para enfermedades catastróficas, pero rechazara financiar el dispositivo. Según explicó el abogado, inicialmente el neuroestimulador habría sido homologado a un marcapasos, con una cobertura cercana a los $800 mil.
Mientras espera una respuesta administrativa, Pereda continúa evaluando nuevas acciones judiciales para cuestionar la demora del proceso y determinar si podrá acceder al tratamiento indicado por sus especialistas.
