Nueve de los acusados quedaron en prisión preventiva y se sumaron a otros 10 que ya permanecían recluidos por medidas cautelares o condenas anteriores.
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 personas vinculadas a la presunta primera célula en Chile del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de Brasil y con operaciones en distintos países del continente.
La audiencia comenzó el jueves y concluyó este domingo. Durante la instancia, los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico. Además, algunos enfrentan cargos por infracciones a la Ley de Armas y tráfico de drogas.
Tras la audiencia, nueve de los formalizados quedaron en prisión preventiva. Estos se sumaron a otros 10 imputados que ya permanecían privados de libertad debido a medidas cautelares o condenas dictadas previamente por otros delitos. De esta manera, los 19 presuntos integrantes de la organización permanecen recluidos en distintos recintos penitenciarios del país.
El Ministerio Público explicó que inicialmente fueron detenidas 21 personas. Una de ellas fue formalizada únicamente por tráfico de drogas y no como integrante del PCC, mientras que otro imputado, que ya estaba encarcelado, no fue trasladado a la audiencia. Su formalización quedó pendiente y se realizará próximamente.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur junto con la Policía de Investigaciones y se inició principalmente mediante mecanismos de cooperación internacional. Entre los antecedentes recibidos se encontraba información proveniente de la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, relacionada con la presencia de integrantes del PCC en territorio chileno.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la organización participa en distintos mercados ilícitos, entre ellos el contrabando y el tráfico de drogas, y también ha sido vinculada con homicidios, robos violentos y secuestros. La fiscalía señaló además que el grupo contaría con estatutos, procesos de incorporación y registros internos de sus miembros.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
