La diputada Ximena Naranjo valoró las iniciativas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales, destacando el proyecto “Escuelas Protegidas”, aunque advirtió la necesidad de abordar con urgencia la realidad particular de la Región de Tarapacá.
La parlamentaria independiente (IND-UDI) señaló que es fundamental avanzar en medidas que establezcan consecuencias claras frente a hechos graves de violencia escolar, incluyendo sanciones como restricciones en el acceso a beneficios estatales para quienes cometan delitos que afecten la convivencia o la infraestructura pública.
“Es importante que existan normas claras y que su incumplimiento tenga consecuencias. Los beneficios del Estado deben estar vinculados también a la responsabilidad y al respeto por los demás”, afirmó.
No obstante, Naranjo enfatizó que la discusión no puede desvincularse del contexto que enfrentan las comunidades educativas del norte del país. En ese sentido, mencionó que en comunas como Iquique y Alto Hospicio influyen factores como la migración irregular, el narcotráfico y la vulnerabilidad social, los cuales impactan directamente en la convivencia escolar.
“Además de sanciones, necesitamos una intervención integral que considere la realidad territorial”, advirtió.
La diputada también subrayó que la seguridad en los establecimientos debe ser una prioridad, señalando que no es aceptable que docentes y estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente de temor. “La escuela debe volver a ser un espacio seguro, de formación y oportunidades, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad”, indicó.
Asimismo, planteó que las medidas deben contemplar mecanismos de evaluación caso a caso, especialmente cuando se trata de menores de edad. En ese sentido, destacó la importancia de combinar sanciones con procesos de reinserción que permitan corregir conductas y evitar la exclusión del sistema educativo.
Finalmente, Ximena Naranjo reiteró su disposición a respaldar iniciativas que fortalezcan la convivencia escolar, insistiendo en que estas deben implementarse con una mirada descentralizada. “Tarapacá necesita respuestas concretas y urgentes, que no solo recuperen la autoridad en las aulas, sino que también aborden las realidades locales que están detrás de esta problemática”, concluyó.
