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Estudio advierte vacíos legales y falta de control en desalojos de campamentos

Una investigación de la Universidad Diego Portales cuestiona los efectos de la Ley de Usurpaciones y propone establecer garantías para las familias antes, durante y después de estos procedimientos.

Un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP) identificó deficiencias legales y falta de mecanismos de supervisión en los desalojos de campamentos en Chile. La investigación advierte que el país no cuenta con una normativa que prohíba expresamente los desalojos forzosos ni que establezca garantías para las personas afectadas durante todo el procedimiento.

El análisis forma parte del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026 y examinó 22 sentencias de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones dictadas entre enero de 2022 y julio de 2026, además de la legislación vigente y su aplicación judicial.

De acuerdo con el estudio, aunque la Corte Suprema ha fijado algunas condiciones para ejecutar desalojos, estas se concentran principalmente en la etapa de ejecución. La investigación cuestiona que no existan mecanismos generales para verificar el cumplimiento de dichas medidas ni para conocer las condiciones habitacionales de las familias después de abandonar los terrenos.

El informe también analiza la Ley 21.633, conocida como Ley de Usurpaciones, que incorporó el artículo 157 ter al Código Procesal Penal. Esta disposición permite solicitar judicialmente el desalojo de un inmueble ocupado en cualquier etapa de la investigación, incluso antes de la formalización.

Según la investigación, esta vía contempla menos resguardos para las personas afectadas, quienes podrían no ser individualizadas ni notificadas, no contar con representación legal y no ser escuchadas antes de la decisión. Además, no existe un registro oficial que permita determinar cuántos desalojos se han realizado, cómo fueron ejecutados o si las familias recibieron alternativas habitacionales.

El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile registró 1.428 campamentos en el país, de los cuales 447 se encontraban bajo amenaza de desalojo. De estos, un 55,2% declaró contar con una notificación formal.

Entre las propuestas del estudio se encuentran crear una ley específica sobre garantías y condiciones de reasentamiento, revisar la Ley de Usurpaciones, establecer un registro oficial de desalojos y reforzar la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros grupos vulnerables.

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