La propuesta contemplaba elevar la tarifa anual desde los actuales $36.440 hasta un rango de entre $71.500 y $76.000 para el período 2027-2029.
El Concejo Municipal de Iquique rechazó la propuesta para aumentar la tarifa anual del servicio de recolección de residuos domiciliarios, medida que buscaba aplicar un cobro promedio de entre 1,07 y 1,08 UTM al año. Con ello, el pago habría subido desde los actuales $36.440 a un rango aproximado de $71.500 a $76.000 anuales.
La iniciativa fue analizada durante una sesión extraordinaria y se sustentaba en la fórmula establecida por el Decreto Supremo 69 del Ministerio de Economía, normativa que regula la actualización de este tipo de tarifas cada tres años. El incremento estaba proyectado para el trienio 2027-2029, pero no consiguió respaldo entre los concejales.
Durante la exposición técnica, la Dirección de Control municipal explicó que la última modificación tarifaria se realizó en 2018 y que el cobro quedó fijado en pesos, sin vincularse a la variación de la UTM. También atribuyó parte del déficit operativo al cierre del vertedero El Boro, situación que obligó al municipio a externalizar la disposición final de los residuos en un relleno sanitario autorizado.
Según los antecedentes presentados, el costo anual por disposición final de residuos aumentó desde $500 millones en 2021 a más de $1.120 millones en la actualidad. El municipio cubriría cerca del 75% del costo real del servicio, mientras los contribuyentes aportarían el 25% restante mediante el derecho de aseo.
El concejal Cristian Barra cuestionó el reajuste y señaló que aún existen sectores de Iquique con escombros acumulados tras las lluvias. A su juicio, no sería adecuado aumentar en más de 110% el cobro a los vecinos mientras persisten problemas pendientes en la comuna.
La administración municipal recordó que existen mecanismos de exención para sectores vulnerables. Actualmente, más de 1.440 predios están exentos por postulaciones asociadas a adultos mayores, integrantes del 40% del Registro Social de Hogares y beneficiarios de Fonasa D o E. Además, más de 2.190 viviendas cuentan con un avalúo fiscal inferior a 225 UTM.
Tras el rechazo, los cobros continuarán bajo los parámetros actuales y el municipio deberá evaluar alternativas de financiamiento para enfrentar el aumento de los costos operativos del servicio.