El exintegrante del movimiento Lautaro falleció seis días después de solicitar un indulto a José Antonio Kast, sin que existiera una resolución sobre su caso.
Juan Aliste Vega, de 53 años, murió este domingo 11 de octubre mientras permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago, a causa de un cáncer terminal. El exintegrante del movimiento Lautaro cumplía condenas que sumaban 42 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, el homicidio frustrado de otro funcionario policial y dos asaltos bancarios.
Seis días antes de su fallecimiento, Aliste había ingresado una solicitud de indulto humanitario ante el Ministerio de Justicia. En la presentación pidió recibir cuidados junto a su esposa e hijos y advirtió que el paso del tiempo podía hacer perder la oportunidad de otorgar el beneficio.
Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, afirmó que la defensa solicitó dar carácter urgente a la tramitación, pero que no recibió información clara sobre el estado del expediente ni requerimientos formales de antecedentes adicionales. Al momento de su muerte, Gendarmería reunía informes de conducta, psicológicos y médicos para la evaluación, documentación que aún no había llegado al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La defensa sostuvo que Aliste prefería una solución judicial y que el indulto fue solicitado debido al agravamiento de su estado de salud y a los plazos de los tribunales. El Séptimo Juzgado de Garantía había adelantado para el 26 de octubre una audiencia destinada a revisar el cumplimiento de la condena, pero el interno falleció antes de esa fecha.
El caso generó un debate dentro del Partido Republicano. Dirigentes como Cristián Araya, José Carlos Meza y Vicente Bruna respaldaron la evaluación de indultos humanitarios para personas con enfermedades terminales, incluyendo a internos de Punta Peuco. La postura provocó la renuncia de Macarena Santelices, quien rechazó que la situación de Aliste fuera utilizada para promover beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos.
El presidente José Antonio Kast ha defendido que las solicitudes sean revisadas de manera individual. La ley no establece un plazo específico para que el mandatario responda, mientras sectores políticos y la defensa cuestionan la falta de mecanismos de seguimiento y de una respuesta oportuna en casos médicos terminales.
