El fondo para diagnósticos y tratamientos de alto costo disminuiría en cerca de $28 mil millones, mientras el Congreso tramita una reforma que busca elevar el aporte fiscal permanente.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción cercana a los $28 mil millones, en términos reales, para el fondo asociado a la Ley Ricarte Soto. La disminución equivale aproximadamente a un 14% menos respecto de los recursos considerados para este año.
De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Presupuestos, el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones durante 2027. La diferencia nominal entre ambos montos alcanza los $22.745 millones, pero al considerar el efecto de la inflación, el recorte real se aproxima a los $28 mil millones.
La Ley Ricarte Soto establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Las prestaciones cubiertas se determinan mediante decreto e incluyen los problemas de salud incorporados al sistema.
En paralelo, el Congreso tramita una reforma que busca aumentar el financiamiento permanente del fondo. La iniciativa propone elevar el aporte fiscal anual desde los actuales $100 mil millones hasta $185 mil millones, lo que representa un incremento de $85 mil millones.
El proyecto también plantea subir de 80% a 90% el límite de recursos que pueden comprometerse respecto del costo anual esperado del fondo. Además, considera mecanismos para actualizar los precios de los tratamientos, reforzar el seguimiento de su seguridad y efectividad, y establecer reglas más claras para la transición de prestaciones entre la Ley Ricarte Soto y el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).
El aporte permanente de $185 mil millones corresponde a una modificación legal que aún debe continuar su tramitación. Por lo tanto, esa cifra no implica que los recursos se incorporen automáticamente al Presupuesto 2027.
